Esta fue una de las conclusiones a las que se llegó durante el VI conversatorio ‘La mutilación genital femenina, una cuestión también de discapacidad’, organizado por la Fundación Cermi Mujeres (FCM) en colaboración con la agencia de noticias Servimedia, en el marco del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se conmemoró el 6 de febrero. El encuentro fue moderado por el director general de dicha agencia de noticias, José Manuel González Huesa.

De esta manera, la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero, hizo alusión a la esterilización forzada, recientemente derogada en España para personas incapacitadas legalmente, y ha calificado de “avance” esta eliminación de una violación de los derechos humanos. “La esterilización está eliminada, pero es fundamental definir una estrategia nacional integral efectiva y una normativa dirigida a prevenir este tipo de prácticas para proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad”. En ese sentido, Fundación Cermi Mujeres exigió reconocer esta práctica nociva como una forma de mutilación genital femenina.

Asimismo, durante el encuentro también se hizo un repaso para conocer en qué países prevalece más la práctica de la mutilación genital femenina. Así, de la mano de la antropóloga y coordinadora técnica de la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de Barcelona, Neus Aliaga, se ha puesto de manifiesto que se practica en 27 países del África subsahariana aparte de Irak, Yemen e Indonesia.

De la misma manera, aunque en Malasia, Omán e India la práctica está documentada, no hay ninguna prevalencia de la misma. Tal y como aseguró Aliaga, también ha sido identificada en otros países como Sri Lanka, Colombia, Filipinas, Emiratos Árabes, Jordania, Daguestán y Georgia. Sin embargo, Aliaga ha recalcado que esto varía en función del factor étnico y que “con los movimientos migratorios se ha convertido en una práctica global”.

En este contexto, hizo alusión a un estudio elaborado recientemente por la Fundación Wassu y que fue presentado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que permite visualizar cómo esta práctica se inserta en este marco de violación de derechos de mujeres y niñas. Así, el estudio permite actualizar los datos cuantitativos y poder estimar el índice de niñas en riesgo que pueda haber en España.

Las recomendaciones del estudio concluyen que es necesario trabajar para construir una sociedad inclusiva evitando discursos y prácticas estigmatizadoras, además de ofrecer una atención integral de la mutilación genital femenina, incluyendo a niñas que están en riesgo y a mujeres que ya la han sufrido, garantizando el acceso a recursos sanitarios de calidad, que se adapten a sus necesidades. De la misma manera, también recalca que es necesario elaborar políticas públicas en esta materia, ampliar los programas de sensibilización, fomentar las redes de solidaridad entre mujeres migrantes y facilitar la detección y el abordaje de las violencias machistas.

CONSECUENCIAS PARA LA SALUD

Por su parte, la médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y adjunta a la Unidad de Urgencias del Hospital Costa del Sol, Carmen Agüera, puso sobre la mesa las consecuencias que esta práctica puede conllevar para la salud y ha denunciado la vulneración del derecho a la salud y a la seguridad que supone. Las consecuencias pueden ser varias “dependiendo del tipo de mutilación que se realiza, de la edad de la mujer o la niña y de las condiciones en las cuales se realiza”, argumentó Agüera.

Así, aseguró que las más agudas suelen ser hemorragias, complicaciones urinarias, lesiones del tejido genital y tejidos adyacentes e infecciones importantes que incluso a veces “pueden costar la vida”. Por otro lado, las que son más perdurables y a largo plazo son las genitourinarias (incontinencia urinaria, infecciones genitales crónicas), las cicatrizaciones anómalas (dermoides, neuromas, fibrosis), las sexuales y obstétricas (dificultades para el parto, sufrimiento fetal), y, por último, las reproductivas (infertilidad) y psicológicas (trastornos de estrés postraumáticos, trastornos de ansiedad, depresión, humillación, vergüenza).

En cuanto al mantenimiento de esta práctica, Agüera explicó que es “una forma por la cual la mujer accede a un nivel social, ya que tiene miedo a ser excluida". Además, ha asegurado que en algunos sitios se considera “un requisito para un matrimonio” y que simboliza el poder económico y social de los hombres y la subordinación de las mujeres. Sin embargo, recalcó que “lo que en realidad se esconde” es el control de la sexualidad y la sensualidad, el control de la fidelidad, los matrimonios forzados y el mantenimiento de las relaciones de poder del hombre.

TESTIMONIO REAL

Durante la charla se proyectó un vídeo de una entrevista de la fundadora y presidenta de Save a Girl Save a Generation, Asha Ismail, a la doctora norteamericana Renée Bergstrom. En la pieza audiovisual, Bergstrom relata cómo sufrió la mutilación genital femenina a los tres años de edad y cómo ha tenido que estar trabajando toda su vida para acabar con esta práctica.

“Mi madre me llevó al médico porque con tres años estaba tocándome y este especialista practicaba su religión con un bisturí”, recalca. “La creencia de su religión era que la masturbación, si se puede llamar así, era un pecado y me cortó el clítoris”, continúa Bergstrom.

Este tejido cicatrizado, asegura, “me causó múltiples problemas y me convertí en cómplice al no hablar de ello”. Sin embargo, años más tarde se presentó a una Federación Mundial Luterana para apoyar la educación en temas sociales y aunque no se le permitió en un primer momento hablar de ello por haber ocurrido en un contexto clínico, desde entonces lucha por eliminar el estigma social y anima a más mujeres que han pasado por su misma situación a hablar de ello.