Así lo pusieron de manifiesto el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco y la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, durante su intervención en el diálogo sobre el 'Protocolo para ayudar a las personas con discapacidad en emergencias', que fue moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

En el transcurso de su alocución, Martín Blanco admitió con respecto al protocolo que “era necesario saldar una deuda de país con la protección ciudadana, con la protección civil y con las emergencias” para responder a un “mandato legal” y al “clamor” en este sentido por parte del movimiento social de la discapacidad.

Tras reconocer que “era necesario tener una política pública de Estado” en este ámbito, Martín Blanco celebró que todas las administraciones competentes en materia de emergencias, incluidas las comunidades autónomas y las entidades locales, se “han puesto a trabajar” en el documento aprobado en el Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias, si bien en su elaboración también se ha contado con la “visión” de las organizaciones de discapacidad a través de Fundación ONCE y el Cermi y de expertos en materia de emergencias a través del Observatorio Cero.

“Tenemos que cumplir los mandatos que emanan de los tratados que ha suscrito nuestro país y, sobre todo, queremos que las personas con discapacidad estén bajo el amparo del sistema de protección civil español con todas las garantías”, abundó, al tiempo que avanzó que “antes de acabar el año” estará “plenamente disponible” el 112 accesible.

En este punto, se mostró convencido de que “era absolutamente intolerable e irresponsable tener a compatriotas con discapacidad que no pudieran utilizar un servicio público orientado a salvar vidas” y explicó que, desde la plataforma central ubicada en Madrid, se ofrecerán “los servicios de accesibilidad a las personas con discapacidad de toda España”, que estarán disponibles “24 horas siete días a la semana”.

Con respecto al protocolo, Martín Blanco aseveró que se trata de un “documento abierto y vivo” que no es parte de un “titular” sino de “una política seria y útil” que cuenta con el “respaldo y determinación por parte de las dos direcciones generales” y en torno al cual se han tenido que “consensuar hasta las comas” después de un año de trabajo de “hilo fino con todas las voces”. Todo ello, con el objetivo de que las personas con discapacidad de toda España estén “bien y mejor protegidas ante emergencias”, teniendo en cuenta las “diferentes fases y escenarios de discapacidad” y la necesidad de garantizar el “éxito” en los rescates.

NACE DEL ACUERDO

En la misma línea, Virginia Barcones celebró que este protocolo “nace del acuerdo” y va a “garantizar esa igualdad de derechos”, dado que “cualquier persona, sufra o no una discapacidad, va a tener el mismo derecho a ser atendida”.

Junto a ello, también hizo hincapié en que a este protocolo se “suma” la “integración de los 112” y detalló que la licitación del proyecto “ya está en marcha” y “antes de acabar el año va a estar plenamente disponible”.

Asimismo, está previsto un plan de formación en centros educativos para garantizar el acceso de todos los niños y jóvenes con discapacidad a la información que les permita conocer “qué hacer ante cualquier emergencia” para que “desde pequeños lo interioricemos” porque esa información “salva vidas” y que se “complementará” con formación para todos los operativos implicados en la gestión de una emergencia.

“Este conocimiento lo tienen que tener todos los operativos”, advirtió, al tiempo que adelantó que, por esa razón, la Escuela Nacional de Protección Civil y Emergencias se va a “trasladar a todo el territorio” y “antes de acabar el primer trimestre”, previsiblemente en marzo, va a organizar una “gran jornada” en Madrid con la presencia de colectivos de personas con discapacidad, operativos y “el conjunto” del Sistema Nacional de Protección Civil. El objetivo será “seguir reflexionando y avanzando en cómo mejorar y poner en marcha programas y proyectos que faciliten que, en caso de emergencia, la reacción por parte de todos sea lo más efectiva posible”.

En este contexto, Barcones recordó que “no es lo mismo” el rescate de una persona sordociega, con autismo o una persona mayor que tenga ya un problema cognitivo. ”Hay que saber y los servicios de emergencia tienen que saber, en función de cada tipo de discapacidad, cómo hay que actuar para que esa evacuación sea efectiva”, sentenció, en relación a este “protocolo común” que facilitará que “todos sepan qué hay que hacer en caso de tener que socorrer a una persona y, en función del tipo de discapacidad que tiene, saber cómo hay que interactuar para poder rescatarla”.