El plan aglutina los controles oficiales que llevan a cabo las distintas autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de la legislación a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al consumidor final.

El ministro Luis Planas dijo al término de la reunión que este plan es “de gran importancia para el sector agroalimentario, porque es un plan de planes”.

El plan de control de la cadena alimentaria tendrá una vigencia de cinco años (2021-2025) y en su parte general se describen los principios orientadores en los que se ha basado su redacción y la organización territorial y distribución de competencias entre las distintas administraciones, así como cuatro objetivos de alto nivel.

Tres de ellos, los que corresponden al ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han sido aprobados por la Sectorial. Se trata del Objetivo 1 (reducir riesgos para la salud humana, animal y vegetal mediante controles en la producción primaria), el Objetivo 3 (garantizar la calidad alimentaria y luchar contra el fraude alimentario) y el Objetivo 4 (reducir riesgos para la salud humana, animal y vegetal mediante el control de importaciones y exportaciones). Estos tres objetivos comprenden 21 programas nacionales de control oficial.

El Objetivo 2 del plan (reducir riesgos para la salud humana mediante controles en establecimientos alimentarios) incluye los programas de trabajo competencia del Ministerio de Consumo a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

El Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria aglutina todos los controles oficiales de las autoridades alimentarias españolas en un solo documento, tal y como prescribe el Reglamento (UE) 2017/625, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles y otras actividades oficiales. Esta norma establece que cada Estado miembro debe elaborar un único plan nacional de control plurianual integrado para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, salud, bienestar animal, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.

En España, la redacción del plan depende de un grupo de coordinación en el que, además de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de Consumo, están representados el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. También hay grupos de coordinación entre los ministerios y las comunidades autónomas.

LEY DE CADENA

Precisamente este lunes, las tres principales asociaciones profesionales agrarias, Asaja, COAG y UPA, defendieron de forma conjunta cambios en el proyecto de la nueva Ley de Cadena Alimentaria que ha remitido el Gobierno al Congreso.

En una carta abierta firmada por los responsables de las tres patronales, Pedro Barato (Asaja), Miguel Blanco (Coag) y Lorenzo Ramos (Upa), reclaman mejoras en la tramitación parlamentaria del texto, que juzgan insuficiente para la protección del precio que deben percibir los agricultores por sus productos.
Exigen prohibir en la ley la venta a pérdidas en el último eslabón de la cadena, la venta al consumidor, “una práctica que supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la cadena, y dada la posición de dominio de la distribución acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hasta llegar al más débil, el productor”.

También ven necesario crear un registro electrónico de contratos, “no para generar más burocracia, sino para facilitar control administrativo por parte de la agencia de control alimentario, AICA, “que debe ser reforzada en dotación económica y personal, para que pueda optimizar su excelente labor de autoridad de control y coordinación con las CCAA y con la UE”.
Asaja, COAG y UPA demandan asimismo la inclusión del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y de las organizaciones de Productores (OP) en el ámbito regulatorio de la ley, manteniendo las excepciones vigentes para las empresas cooperativas, que sí ven correctamente consideradas en la actual redacción de la ley, dado su carácter social y específico.
Además, proponen que la ley que salga de las Cortes tenga más “clarificada y reforzada” la figura del mediador, “apenas mencionado actualmente en una disposición final”, que se amplíen las funciones del Observatorio de la Cadena y que se establezca un clausulado firme que permita la elaboración de índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compraventa.

Finalmente, solicitan que los productos importados de países terceros se incluyan en la aplicación de todo el cuerpo de la ley, para que se vean afectados por la obligatoriedad de la formalización de contratos por escrito, y no solo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.
“Somos un sector pionero e innovador, que sostiene una cadena exportadora y de gran importancia económica. Sigamos siendo pioneros. Hagamos que la cadena sea rentable también para los productores”, señalan los portavoces de las patronales. “Pedimos una legislación que ayude a equilibrar los poderes de negociación de los diferentes eslabones de la cadena, a hacer más transparentes las relaciones comerciales y, en definitiva, a construir una cadena alimentaria eficiente desde el primer eslabón, generando valor y no destruyéndolo”.