Así lo anunció el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, en Twitter, aprovechando que el plazo para presentarlas culmina este miércoles. El IMV se aprobó el pasado 29 de mayo como decreto-ley pero se ha tramitado como proyecto de ley. En un prolijo documento de 12 folios, Unidas Podemos reconoce que la experiencia de estos meses revela que sólo se ha aprobado el 15% de las solicitudes presentadas, y que, para llegar al objetivo inicial de 850.000 hogares, al ritmo que se va serían necesarios más de cuatro años.

Según explicaron fuentes del Grupo, entre las enmiendas que registrará mañana el grupo se incluye que entrarán como potenciales beneficiarias todas las personas que entran en una situación de vulnerabilidad durante el año en curso. Por otro, en el cálculo de los ingresos que no se deben sobrepasar para acceder a esta ayuda no computarán las prestaciones por dependencia o desempleo. En el cálculo de la prestación, se tendrá en cuenta la situación de las personas con discapacidad añadiendo a la cuantía establecida un suplemento.

Además, se extenderá el IMV de forma excepcional a toda persona que tenga reconocida una renta mínima de inserción o ayuda social autonómica a 31 de diciembre de 2020, siempre que no se supere el umbral de ingresos.

Unidas Podemos propone también reducir el requisito de convivencia independiente a dos años para las personas de menos de 30 años, con otras excepciones para colectivos con mayor probabilidad de exclusión social, protege a las personas que se hayan mudado con familiares o allegados como consecuencia de una perdida sobrevenida de ingresos.

Para evitar la exclusión de colectivos vulnerables que puedan estar en situación irregular, se elimina la obligación de acreditar una residencia legal, continuada e ininterrumpida de al menos un año en España para los solicitantes de protección internacional, españoles emigrados retornados, personas menores que viven en hogares en situación irregular, víctimas de trata o víctimas de violencia de género. Les bastará con acreditar la residencia efectiva y continuada.

Finalmente, se asegurará el acceso al IMV a las personas que han estado bajo la tutela del sistema público de protección de menores y deben abandonarlo por cumplir la mayoría de edad; en los casos de reagrupación familiar de hijos no se exigirá que la unidad de convivencia lleve constituida un año, y se corregirá la escala de incrementos para el cálculo de la prestación, de forma que no suponga un agravio comparativo de las familias monoparentales con cuatro o más menores a cargo.