La diputada del PP Ana María Zurita fue la encargada de exponer ante el Pleno la proposición de ley contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, con una intervención en la que defendió la propiedad privada y la garantía a la ciudadanía con el desalojo en 12 horas, al establecer como “delito” la ocupación de un bien ajeno.

Según Zurita, se trata la determinación como delito, por primera vez, de la ocupación frente a la acción que realiza el Ejecutivo, para que deje de hacer “política de vivienda bajo el paraguas de la ocupación ilegal”.

Se trata de una iniciativa ante la “gran preocupación” de los ciudadanos por esta “lacra que se ha extendido” y que deriva en “más de 40 ‘okupaciones’ diarias”. La diputada popular indicó que estos datos “a los comunes les puedes parecer algo normal”, pero para el “común de los mortales es una absoluta aberración”.

Desde el PP se apeló a diferenciar entre la ocupación a la que, a su juicio “incita” el Gobierno con los dos últimos reales decretos, y las medidas para colectivos vulnerables. Para ello, apeló al incremento de viviendas sociales y a que “no confundan desalojar a un okupa, porque es no es un desahucio, es recuperar un bien”. La diputada popular llegó a aplaudir las soluciones habitacionales del Ejecutivo para familias vulnerables ante el estado de alarma, incluso abogó por extenderlas más tiempo.

Por su parte, usando el turno en contra, el diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral pidió que ejecuten la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las viviendas vendidas en la Comunidad de Madrid a los llamados ‘fondos buitres’. Tras tachar la actitud del PP como la “hipocresía más absoluta”, reclamó una “derecha democrática de ámbito estatal porque hace falta para el debate político”. A su juicio, en el “PP van “no contra la pobreza, sino contra los pobres”.

Mayoral señaló que la propiedad está limitada por la "función social” ante las defensa a la propiedad privada que defendió la diputada del PP. Para el diputado de Unidas Podemos, lo que plantea el PP con esta norma es “que las penas sean de prisión” para un delito que, asegura, ya está tipificado desde 1995.

La diputada del PSOE Eva Bravo tachó de “alarmismo” esta iniciativa y una “mera propaganda para desgastar al Gobierno”, pero que, defendió, “no se sustenta en ningún dato real”. Tachó de “innecesaria y superflua” la medida del PP que, además, “no superaría un mínimo de constitucionalidad” porque es un “gazpacho jurídico” de reformas que reflejan un mero “intento de populismo de Derecho punitivo”. Hasta el punto, dijo Bravo, de que ya hay “leyes suficientes de procedimientos rápidos para proteger al propietario”.

Por parte de ERC, Carolina Telechea comenzó su intervención en tribuna vinculando el recurso de la Fiscalía al tercer grado de los condenados por el ‘procès’ con la mayoría independista liderada por ERC que, a su entender, se traduce de las elecciones del 14-F, obviando que el PSC venció en votos.

En lo que a la cuestión se refiere, pero sin perder el cariz electoral en Cataluña, Telechea comentó medidas en el Parlamento catalán en favor de viviendas sociales auspiciadas por los partidos independentistas y a las que se oponen, según su exposición, los demás partidos, PP, Cs y el PSC.

“No es cierto que sea una plaga”, dijo la diputada de ERC ante los datos del PP, pese a reconocer hay ciudadanos particulares que sufren, por lo que no quiso “banalizar”. Pero, dijo, el problema no es el tipo penal sino social”, porque los desahucios suben “día tras día” y los precios de los alquiles llegan a precios “inasumibles".

En contra también se situó el diputado de EH Bildu Oskar Matute, quién acusó al PP de falta de “humanidad” por buscar prisión con esta iniciativa a las personas que ‘okupan’, máxime en un momento de crisis social.

"SOBREDIMENSIONADO"

Desde Compromís, Joan Baldoví citó que la ‘okupación’ no aparece entre los problemas de los ciudadanos, según el último barómetro del CIS, donde sí aparecen la salud, la crisis y los problemas económicos y el paro. A su juicio, se trata de un problema “sobredimensionado” por el PP para su competición con la derecha de Vox.

Desde Ciudadanos, Miguel Gutiérrez comenzó su intervención citando una decena de casos de ciudadanos que han sido “víctimas” de un “fenómeno delictivo” que se ha incrementado año a año, según datos del Ministerio del Interior. Acusó a Podemos de hacer una política “populista igual que Vox”, e indicó que el problema de la vivienda se ataja con más vivienda social.

Gutiérrez señaló que el PP “nos ha copiado literalmente” la iniciativa, presentada por Ciudadanos la pasada legislatura, pero reclamó más medidas, especialmente en el ámbito social.

Por parte del PNV, Mikel Legarda admitió que “ciertamente que es un problema grave el problema de la ‘okupación y es adecuado mejorar la protección de los ciudadanos, pero también sin desatender la situación de especial vulnerabilidad”.

Además, ni aun siendo un “problema grave”, el diputado del PNV rechazó que se refiera a miles de casos porque, según datos de la Fiscalía, “se cuentan con los dedos de la mano”. Asimismo, denunció que se acuse al Gobierno de gestión criminal o de “complicidad con los okupas”.

Desde Vox, la diputada Cristina Alicia Esteban sostuvo que esos “delincuentes están protegidos por este Gobierno social comunista” mientras que los propietarios que en ocasiones tienen que destinar “más de 10 años de su salario íntegro” para la adquisición de una vivienda ven cómo sus sueños e ilusiones son arrebatados “injustamente”.

Según la parlamentaria de Vox, desde el Ejecutivo “traicionan a los trabajadores y buscan votos entre la peor calaña de nuestra sociedad”. No obstante, cargó también contra el PP por presentar esta “chapuza de proposición de ley”, una iniciativa con la que “pretenden sacar rédito del oportunismo político” con una reforma “mal estructurada, vaga e imprecisa”. A su juicio, “el bipartidismo nos ha traído a este despropósito”.