Las organizaciones quieren que estos menores tutelados por los servicios sociales de las comunidades autónomas “sean considerados regulares a todos los efectos aún sin disponer de tarjeta de residencia”, así como que cuenten “automáticamente” con permiso de residencia y trabajo a partir de los 16 años.

Estas y otras propuestas se han realizado en el trámite de consulta pública abierto por el Gobierno a principios de febrero para “facilitar a todos los niños y niñas su transición a la vida adulta”.

El documento presentado se centra en los artículos relativos a la identificación,documentación, tramitación y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a España y que han estado bajo la guarda o tutela de la administración.

Las ONG también quieren esto se aplique de forma retroactiva, con el objetivo de documentar a todos los jóvenes que, si bien fueron menores de edad desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad, no accedieron a su documentación a pesar de tener derecho a ello, lo que les sitúa en situación de “exclusión social”.

En concreto, solicitan que los menores extranjeros no acompañados bajo tutela cuenten con autorización de residencia y trabajo concedida y vigente desde su ingreso en el sistema de protección, siempre que hayan alcanzado la edad laboral de 16 años y hasta los 18. En caso de que hayan accedido a ese derecho habiendo alcanzado los 17 años, proponen que su residencia inicial tenga vigencia de mínimo un año.

Además, pretenden que sean considerados indocumentados sólo aquellos menores de edad que no dispongan de pasaporte o documento que acredite su edad e identidad. Y, en caso de no poder ser documentados a través de sus países de origen, sean documentados con cédula de inscripción tramitada de oficio.

Otra de las propuestas es la renovación de su autorización de residencia y trabajo si cumplen con uno de los siguientes requisitos: acreditación de su incorporación real o potencial al mercado de trabajo o si cuentan con un informe positivo de la entidad de tutela o informe de esfuerzo de integración. Se eliminan así los requisitos de cotización y medios económicos y esta autorización tendrá vigencia de dos años, como todas las residencias renovadas.

“Estas propuestas pretenden resolver las deficiencias del actual reglamento, que no sólo no cumple con los compromisos internacionales suscritos por España, entre otras, respecto a la Convención de los Derechos del Niño, sino que tampoco da cumplimiento efectivo de la Ley de Extranjería, a la Ley de Protección Jurídica del Menor o a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al no considerar de manera primordial el Interés Superior del Menor”, destacaron las ONG.