Así lo estima un informe de Save the Children y Fundación Por Causa presentado este miércoles con el título ‘Crecer sin Papeles en España’. El trabajo tiene en cuenta la diferencia entre los migrantes registrados en el padrón y los permisos de residencia, y aplica una corrección en función de los permisos por estudios y las solicitudes de asilo pendientes.

Según sus resultados, uno de cada cinco niños en el país está en situación irregular y más de la mitad tiene menos de 10 años. En su intervención, el director general de Save the Children, Andrés Conde, destacó que “en la ley no hay nada que justifique estas dificultades”, que achacó sobre todo a “la práctica administrativa de las comunidades autónomas”.

Dijo que estas suelen exigir el Número de Identificación de Extranjero y distintas documentaciones para solicitar becas, ayudas, etc. En sus aplicaciones y formularios, y no dejan otra opción.

“En el ámbito educativo, los menores se suelen encontrar con problemas para acceder a certificados de estudios y a exámenes oficiales , como el de Bachillerato o ESO”, explicó Conde.

Esto repercute en el acceso de dichos menores a la educación posobligatoria, como la universidad o la Formación Profesional, prosiguió, lo que “en la actualidad hace imposible ingresar en el mercado laboral”. A ello hay que sumar la imposibilidad de solicitar becas y ayudas al estudio, agregó.

En cuanto a la salud, Conde lamentó que, “pese a que la legislación nacional reconoce el derecho universal a la sanidad”, algunas comunidades autónomas impiden “de facto” el acceso a la tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular.

Otro aspecto a considerar “es el miedo de los migrantes en situación irregular a ser identificados y deportados”, apuntó, lo que “hace que algunas familias no acudan a los servicios pediátricos”.

Además, los menores en situación irregular tienen grandes dificultades para acceder a la justicia y a los sistemas de protección cuando son víctimas de abuso, violencia e incluso trata. “De nuevo, por miedo a denunciar”, subrayó.

El informe destaca, asimismo, el impacto desmesurado de la pobreza en las familias migrantes con niños a cargo, que asciende al 48%, frente al 14% de las familia españolas.

Entre otros puntos, lamenta que el diseño del Ingreso Mínimo Vital (IMV) impide a estas familias solicitarlo, algo que también sucede con la mayoría de las rentas mínimas de Inserción de las comunidades autónomas.

“Tienen menos ingresos y empleos más precarios”, indicó, al tiempo que no pueden disponer de una cuenta bancaria ni pedir un aval. Ello implica muchas dificultades en el acceso a una vivienda y que muchas de estas familias compartan un mismo domicilio con otras personas.

NIÑOS PEQUEÑOS

El director de Investigación de Fundación Por Causa, Gonzalo Fanjul, destacó que, “pese a lo que generalmente se piensa, la mayor parte de estos menores ‘sin papeles’ son niños pequeños”. “55.327 tienen entre 0 y 4 años, 28.441 entre 5 y 9, 22.268 entre 10 y 14 y 40.738 entre 15 y 19 años”, informó. Sobre la población migrante total suponen el 37,7, 19,4, 15,2 y 27,8%, respectivamente.

El mayor peso de los menores de cinco años se debe a que nacieron en España y sus padres necesitan años para regularizarlos, explicó Fanjul. Agregó que otras causas de irregularidad tienen que ver con la pérdida del empleo y con “el rechazo cada vez mayor” de las solicitudes de asilo y de protección internacional por parte de España.

A ello se debe el hecho de que tres de cada cuatro menores de edad en situación administrativa irregular procedan de América Latina. Colombia concentra los números absolutos más altos, ya que uno de cada seis niños y niñas sin papeles residentes en España proviene de este país. Le siguen en importancia otros Estados de la región como Honduras, Venezuela y Perú. Para Save the Children, “el progresivo aumento de la irregularidad en la infancia a partir del año 2014 está en buena medida relacionado con el rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias procedentes de estos lugares”.

El caso opuesto se encuentra en África, que es el origen del 43% de los niños y niñas migrantes que viven en España, pero concentra solo el 13% de los que están en situación irregular.

Según Fanjul, Las comunidades autónomas más pobladas y con mayor presencia de personas migrantes son las que concentran el mayor número de estos menores. Cataluña cuenta con más de 34.000; la Comunidad de Madrid, con más de 29.300; la Comunidad Valenciana, con casi 20.000, y Andalucía registra 14.000.

Sin embargo, algunas de las comunidades que presentan tasas mucho más altas de irregularidad también están entre las que reciben menos inmigración. Asturias y Galicia tienen de hecho tasas en torno al 35% en este terreno, y Euskadi está por encima del 30%.

RECOMENDACIONES

Por otro lado, Fanjul advirtió de que el impacto de la Covid-19 podría empujar a la irregularidad sobrevenida a más de 140.000 migrantes, entre los que figurarían 13.000 menores.

Por todo ello, el informe pide una regularización de los migrantes en situación administrativa irregular, “similar a la que Portugal, Italia y otros países europeos han llevado a cabo durante la pandemia.

Para Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de Save the Children, “sería una forma de garantizar su acceso a los derechos fundamentales y, además, de agradecerles su trabajo durante estos meses”.

Otra propuesta pasa por “reconocer como regulares a todos los niños con independencia de su estatus administrativo y de forma independiente a sus padres”, apuntó. En su opinión, esto resultaría viable con la actual normativa y “haría que España respetase el principio del Interés superior del niño”. Finalmente, Zuppiroli reclamó el acceso urgente de estos hogares al Ingreso Mínimo Vital.

Para Andrés Conde, “hay un problema humanitario en Canarias al que no podemos quitar importancia”, pero “nuestro país vive obsesionado con la frontera sur y urge abrir una conversación seria sobre el futuro de esta generación de niños”.