En una nota publicada este viernes por la asociación señala que el Consejo ha vuelto a posponer el nombramiento de altos cargos judiciales y que lo hace con la excusa de estar próximo el acuerdo de su renovación, es decir, “haciendo prevalecer los intereses políticos por encima de sus obligaciones legales.”

Añade la asociación que le llama “poderosamente la atención” los procesos para elegir la presidencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias, convocatoria de septiembre de 2019; del País Vasco, convocatoria de junio de 2020 o una plaza para la Sala IV del Tribunal Supremo, de junio de 2020, que deberían haber culminado en un plazo no superior a 6 meses y que “arrastran un retraso particularmente sonrojante”.

Recuerda que, amparándose en la ley, el actual CGPJ “es tan legítimo como el que está por venir” y que los vocales propuestos “por los partidos de derecha y de izquierda” deben ponerse de acuerdo en el nombramiento de esos altos cargos judiciales.

ÓRGANO DE COLOCACIÓN

Esta asociación denuncia que los partidos políticos perciben el Consejo como un órgano de colocación para “meter” a los suyos y que este órgano “se pliega a eso” aun a costa de hacer dejación de sus deberes.

“Lo que está haciendo el CGPJ es poner en duda ante toda la opinión pública la aptitud profesional de los candidatos al dejar claro que el factor determinante para la elección es el ideológico o de afinidad”.

Concluye asegurando que la injerencia política en el Poder Judicial daña la credibilidad del sistema y perjudica la lucha contra la corrupción como ha recordado “hasta la saciedad” el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.