En una larga resolución de siete folios, de los que el último corresponden al voto particular discrepante de José Miguel Serrano, la JEC avaló el castigo de Twitter a un mensaje del perfil de Vox que decía literalmente: “Suponen aproximadamente un 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias. La mayoría son procedentes del Magreb. Es la Cataluña que están dejando la unánime indolencia y complicidad con la delincuencia importada. ¡Sólo queda VOX!≠StopIslamización”.

Twitter impidió a dicha cuenta publicar más mensajes entre el 28 de enero y el 4 de febrero, alegando que el tuit citado vulneraba su política relativa a las conductas de incitación al odio, y en particular la prohibición de “incitar al miedo o difundir estereotipos de temor sobre una categoría protegida”. A su juicio, esa vulneración se produjo al “aseverar que son los musulmanes o las personas de origen magrebí quienes cometen el 93% de los delitos en Cataluña”.

La Junta Electoral estima que, al ser esta cláusula de carácter general, no discriminaba a Vox, y recuerda la consideración que hace la Constitución de la dignidad y los derechos humanos para sentenciar que "no es artificioso considerar que ese mensaje transmite la idea de que las personas que profesan el Islam, siendo aproximadamente un 0,2% de la población de Cataluña, son responsables del 93% de las denuncias", y por tanto "supone infundir estereotipos negativos de temor en relación con las personas que profesan la religión islámica".

Además, respalda la alegación de Twitter de que la suspensión de la cuenta "se trata de una medida para casos de incumplimiento reiterado, y era la segunda vez que Vox incumplía este acuerdo", pues ya se le limitó la cuenta en enero de 2020. Y también la de que "los candidatos de esa formación política pudieron seguir utilizando sus perfiles en esa misma red social sin limitaciones", por lo cual la JEC considera que la medida adoptada no fue desproporcionada".

OBJECIONES

Curiosamente, en esta resolución pionera, la Junta Electoral se declara consciente, dada la preponderancia actual de aplicaciones como Twitter en la comunicación social, "de los peligros y riesgos que pueden suponer algunas decisiones de los responsables de las redes sociales durante la campaña electoral", y admite que "pueden limitar seriamente la campaña electoral de cualquier candidato". También censura que "decisiones de esta naturaleza se adopten de plano sin oír con carácter previo a las personas perjudicadas", como fue el caso. Y, en definitiva, reflexiona que "todas estas cuestiones deben ser abordadas por el legislador", pero, mientras tanto, "la inexistencia de previsión en la normativa electoral vigente solo permite a la Administración electoral actuar en casos extremos en que considere que se haya podido producir una vulneración grave de los principios de pluralismo político, transparencia, objetividad o igualdad entre las candidaturas electorales".

A estas últimas consideraciones se ajusta el voto particular de José Miguel Serrano, profesor de la Universidad Complutense y vocal propuesto por Vox, quien parte de que "las empresas de redes sociales han obtenido una posición monopolística en el Mundo y un nivel de influencia política que hace que sus actuaciones tengan una indudable trascendencia en el campo político y especialmente en el electoral".

Serrano no ve "proporcionalidad" en que Twitter decretara la suspensión del perfil de Vox en más de la mitad de la campaña, y que lo hiciera "sin permitir alegar a la parte 'sancionada"'y sin explicitar de forma razonada y suficientemente extensa las razones que llevan a considerar que el tweet incita a expresa discriminación, xenofobia a racismo".