Los querellantes sostienen que los magistrados Marchena, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Antonio del Moral y Andrés Palomo del Arco no reúnen “la imparcialidad exigida para conocer de cualesquiera actuaciones relativas a la presente causa", como lo demostrarían los ataques verbales que recibieron en el auto del Supremo que tumbó a mediados de febrero la querella.

En concreto, denuncian que la Sala "ha omitido indebidamente su deber de dictar auto de abstención por la evidente animadversión y hostilidad manifestada y demostrada por escrito al calificar y tildar a las partes querellantes de profesionales de la acción popular, que la degradamos, y de que estamos intentando convertir noticias en delitos”.

Los querellantes inciden en que en el mencionado auto los magistrados firmantes les acusan “nada menos que, textualmente, de ‘degradar el relevante papel que (la acción popular) está llamada a desempeñar en el proceso penal’, ‘limitándose a convertir noticias en causas criminales’”.

Entienden que en este caso es de aplicación “el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente, y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial”, así como el artículo 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que aquellos magistrados en quienes concurran alguna de las causas establecidas legalmente se abstendrán del conocimiento del asunto.

IU, PCE y el también querellante Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda las consideran “calificaciones gratuitas y desconsideradas impropias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el trabajo de esta acusación popular”, y creen que llo “pone de manifiesto animadversión a la hora de referirse a una de las partes del proceso, siendo que no acaba de comprender esta representación por qué alude la Sala a que esta acusación degrada el papel de la acusación popular por querellarse contra el anterior monarca”.

Por último, argumentan su recusación aludiendo a un supuesto "vínculo jerárquico entre el querellado y los magistrados de la Sala”, por la entrega de despachos a los nuevos jueces que anualmente preside el Rey, “como es el caso de los cinco magistrados en este caso”.