“El Gobierno ha ido, y sigue insistiendo, de forma importante para que el PP salga de la actitud obstruccionista que ha mantenido desde la llegada de este Ejecutivo con la renovación de órganos constitucionales”, dijo la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando se le preguntó por la intención del Ejecutivo de llegar a acuerdos con el PP después de que la semana pasada se rompiera la negociación.

“Se trata, dijo, de cumplir con la Constitución, con la democracia” porque, “ninguna formación tiene el derecho a vetar la renovación de ningún órgano”. En este sentido, Montero aseveró que “el Gobierno ha cedido” porque “no ha ejercido ningún tipo de veto sobre los candidatos del Partido Popular y ha cedido sobre los vetos que ha puesto el PP sobre los candidatos que presentaba el Gobierno”.

“Pero entenderán", añadió la portavoz, "que estos vetos tienen un límite” y, reconociendo que en algunas ocasiones esos vetos “se pueden entender por su vinculación con determinados partidos”, pero “no podemos permitir que exista ningún tipo de veto, conductas asociadas al ejercicio de las funciones que estos jueces y juristas tenían asignadas antes de ser propuestas para este órgano”.

Montero no quiso dar nombres pero sí ofreció pistas para deducir de quienes se trataba. De los que el Ejecutivo "cedió" a los vetos que el PP, dijo, son personas que podían tener una vinculación con "determinado partido".

"Algunas de las personas que han sonado en los medios finalmente no se incorporaban a las propuestas defendidas justo para facilitar el acuerdo, algunas personas que tenían responsabilidades en el actual Ejecutivo o habían tenido vinculación con algunas de las formaciones políticas de forma explícita", lo que se traduce directamente en la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y exdiputada de Podemos, la jueza Victoria Rosell.

Fuentes de la negociación trasladaron a Servimedia que entre los nombres que ofrecían al PP para llegar a un acuerdo real no iban a proponer personas que fueran muy evidentemente próximas a una formación política ni que hayan asumido altos cargos en ella.

Con esa premisa, y ya habiendo cedido a Rosell, el Gobierno trasladó a esta agencia que no entendía la semana pasada cuando el PP le acusaba de imponer ese nombre entre los vocales del nuevo CGPJ como uno de los motivos de la ruptura de la negociación.

Por otro lado, en la rueda de prensa, Montero sí dejó claro que los vetos no los van a aceptar a jueces por las actuaciones que hayan hecho en el desarrollo de sus responsabilidades como tal. En esta ocasión, la alusión fue directa al juez José Ricardo De Prada, juez instructor de una de las cusas de la operación ‘Gürtel’ y el que llevó a testificar a Mariano Rajoy.

Con este trasfondo, desde Gobierno y PP trasladan que los contactos se mantienen pero que no hay avances que hagan predecir un acuerdo inminente. La falta de avances sobre la renovación del CGPJ condiciona el resto de acuerdos para renovar instituciones como el Defensor del Pueblo y que también están pendientes de la concurrencia entre Gobierno y Partido Popular. Todo ello tras lograr un pacto la semana pasada pero sólo en lo que atañe al Consejo de RTVE.