“Los países europeos no protegen a los refugiados y migrantes que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo”, espetó, convencida de que el “retroceso” en la protección de las vidas y los derechos de estas personas “está empeorando y causando miles de muertes evitables cada año”, según precisó el Consejo de Europa en un comunicado tras la publicación del informe ‘Una llamada de socorro por los derechos humanos. La brecha cada vez mayor en la protección de los migrantes en el Mediterráneo’.

El informe recuerda que la situación del respeto a los derechos humanos en esta zona “sigue siendo deplorable” y hace balance de la implementación de su recomendación de 2019 sobre el rescate de migrantes en el mar, proporcionando un conjunto de medidas que los estados europeos deben adoptar “con urgencia” para garantizar los derechos humanos.

El documento cubre las operaciones entre julio de 2019 y diciembre de 2020 en relación con la búsqueda y rescate efectivos; desembarco oportuno y seguro de las personas rescatadas; cooperación con organizaciones no gubernamentales; cooperación con terceros países y rutas seguras y legales. Aunque se centra principalmente en la evolución de la ruta del Mediterráneo central, muchas de las acciones establecidas en él son “aplicables” a todas las demás rutas migratorias “importantes” en la región del Mediterráneo y en la ruta del Atlántico desde África Occidental a España, según precisó el Consejo de Europa.

A pesar de “algunos avances limitados”, el informe insiste en que la situación de los derechos humanos en el Mediterráneo “sigue siendo deplorable” y los naufragios continúan siendo “preocupantemente recurrentes”, con más de 2.400 muertes registradas en el período considerado, cifra que, no obstante, puede estar “muy por debajo” del recuento real.

Según el informe, los impedimentos que sufren las ONG de rescate para desarrollar su actividad así como las decisiones de retrasar el desembarco y la imposibilidad de asignar un puerto seguro para estas embarcaciones han “socavado la integridad” del sistema de búsqueda y rescate. A su vez, la cooperación con terceros países se ha “reforzado” a pesar de las “pruebas innegables” de “graves violaciones” de los derechos humanos y de la falta de garantías sobre los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Además, el recurso a procedimientos penales y administrativos contra las ONG de búsqueda y rescate en el Mediterráneo ha continuado y desde 2016 hasta el 15 de diciembre de 2020 Italia, Malta, los Países Bajos, España, Alemania y Grecia iniciaron unos 50 procedimientos.

PANDEMIA

La situación se ha visto agravada en el último año como consecuencia de la pandemia, que ha llevado a la adopción de medidas más restrictivas con un impacto "negativo directo" sobre los derechos humanos de los migrantes, según la comisaria, que urgió a los estados miembros del Consejo de Europa a que implementen “rápidamente” sus recomendaciones para garantizar la protección de los derechos humanos de estas personas.

En particular, recomienda garantizar una capacidad de búsqueda y salvamento en el mar “adecuada y suficiente” así como el desembarco “seguro y rápido” de los rescatados; permitir que las ONG involucradas en actividades de búsqueda y rescate o monitoreo de derechos humanos realicen su trabajo; poner fin a los rechazos y otras acciones que exponen a los refugiados y migrantes a regresar a “serias violaciones de derechos humanos” y “expandir” las rutas “seguras y legales”.

“Ya es hora de que los países europeos pongan fin a esta vergonzosa tragedia y adopten políticas migratorias que respeten los derechos humanos”, sentenció, convencida de que los Estados miembros “no deben retrasar más la adopción de medidas para salvar vidas”.

“Es una cuestión de vida o muerte, y de la credibilidad del compromiso de los países europeos con los derechos humanos”, concluyó.