Gamarra dirigió una interpelación a Iglesias en la sesión de control al Gobierno, preguntándole por su “hoja de ruta” para intervenir el alquiler, que cree ya dibujada y que ella ejemplificó con un cuento de Gabriel García Márquez: primero “sembrar el caos y la inseguridad jurídica” para asustar a los propietarios y así “justificar la intervención de este mercado” tras un “trabajo de demolición que enfila ya su tercer año y que ahora mismo se está acelerando”.

La portavoz del PP interpretó que, como Podemos aún “no ha conseguido que los datos le avalen, necesita que haya más tensión”, porque “en la sociedad todavía no está calando el mensaje” de que hay una emergencia habitacional; así lo demostraría el hecho de que el barómetro del CIS sitúe este tema en el puesto 27 de los grandes problemas de España, también para los votantes de izquierda.

Según Gamarra, en Podemos creen que “hay una oportunidad única de acelerar la intervención del mercado de la vivienda”, dar la “batalla cultural” y “aprovechar la situación de pandemia para demostrar que sin vivienda estás abocado a la muerte”, y, así, “cambiar la cultura de este país para intervenir un mercado”, lo que a ella le parece “el ejercicio más indecente de política que hemos visto en los últimos años”, porque supone “manipular a la sociedad para dirigir su dolor y su frustración hacia unos objetivos ideológicos que usted marca”.

La estrategia consistiría en apoyar y no penalizar la ocupación, perseguir a los grandes tenedores de vivienda “aunque sean jubilados”, valorar la expropiación de viviendas y eliminar los incentivos fiscales al sector. La portavoz del PP acusó a Podemos de escenificar “una política de desahucios impostada” para favorecer la ocupación y preguntó dónde está el decreto que iba a aprobarse antes del 22 de enero para compensar a los propietarios que no puedan desalojar a los inquilinos que no le paguen. Según dijo, el único gran tenedor con sus derechos a salvo es la empresa pública Aena y “todavía no le han llamado fondo buitre”.

Para Gamarra, “lo más grave que le pasa al mercado de la vivienda es que hay una empresa de demolición de derechos fundamentales, Sánchez&Iglesias, especialista en destrucción del derecho a la propiedad, la seguridad jurídica, el mercado del alquiler y la confianza de los inversores”, que debería crear un parque público de vivienda para alquiler asequible y, además, solucionar el problema de las viviendas ocupadas ilegalmente, que cifró en 15.000.

IGLESIAS

Iglesias se mostró entusiasmado con el debate que se le ofrecía, “una discusión de enorme importancia, claramente ideológica”, que iba a reflejar “dos concepciones e intereses diferentes”, la de si la vivienda es “un bien de mercado o ante todo un derecho”. Y aseguró que la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 aprobada la semana pasada en Consejo de Ministros garantiza que el compromiso de regular el alquiler “va a estar reflejado en la Ley de Vivienda”, con su Vicepresidencia como coproponente como acordaron PSOE y Unidas Podemos en los Presupuestos. “Es enormemente urgente. Espero que la podamos tener lista este mismo mes de marzo”, apuntó.

Seguidamente, el vicepresidente y líder de Podemos citó el artículo 47 de la Constitución, que recoge el derecho a la vivienda, y atribuyó la “situación de emergencia habitacional” al “excesivo poder de las patronales inmobiliarias”, que han promovido “una economía rentista e ineficaz”. A su juicio, la realidad ha demostrado que aumentar la oferta no ha bajado los precios y sólo “ha servido para que unos pocos se enriquezcan”.

Tirando de “datos, datos, datos, datos frente a la ideología”, como repitió con vehemencia, enumeró que en la primera década del siglo España construyó más viviendas que Alemania, Francia y Reino Unido juntos, pero ello no se tradujo en una bajada de los alquileres sino en una “oleada de desahucios” a partir de 2008, pese a que el país tiene 3,4 millones de viviendas vacías, un tercio del total en Europa.

Aun así, denunció, en 2018 se volvieron a superar las 100.000 viviendas construidas anualmente, pero, pese a todo, la vivienda social ha disminuido un 90% en los últimos 10 años, y los alquileres han subido más de un 50% en España, con picos superiores en Valencia, Cataluña, Madrid y Canarias. Según denunció, las “oligarquías inmobiliarias” generaron primero la burbuja de la hipoteca y ahora la del alquiler.

Iglesias también negó que la mayoría de los afectados por regular el alquiler sean pequeños propietarios, señalando que los que sólo tienen uno o dos inmuebles han bajado un 37% desde 2015 y que una de cada tres viviendas registradas desde entonces pertenecen a bancos o fondos de inversión. En el otro plato de la balanza, denunció que un 38% de las familias españolas tiene que dedicar más de un 40% de sus ingresos al alquiler. “Díganles ustedes que la vivienda es un bien de mercado y que ignoren lo que dice la Constitución”, retó a los populares.

Finalmente, el vicepresidente aseguró que en Barcelona, desde que se ha regulado el alquiler, el precio se redujo en el último trimestre de 2020 más que en el resto del año y que además ha aumentado el número de contratos en las zonas de precio regulado, mientras ha descendido en las demás.

TURNO DE RÉPLICA

En el turno de réplica, Gamarra ironizó que Iglesias se estaba “aburguesando un poco” con tantos datos y “distanciando de la ideología”, pero aceptó el debate de mentalidades y contrapuso la defensa que hace el PP de la libertad, valor que asoció a la igualdad de oportunidades.

Defendió la economía de mercado y esgrimió el artículo 33 de la Constitución, que garantiza el derecho a la propiedad privada y a la herencia y que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social”; Iglesias corroboró con entusiasmo esta última salvedad mientras la leía Gamarra, pero ésta siguió mencionando “la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”, como reza el artículo.

La portavoz popular también mencionó el derecho a la libertad de empresa consagrado en la Constitución y pidió a Iglesias que respete el resto de artículos, como el de la soberanía nacional, interpretando que Unidas Podemos no lo hizo al votar en el Parlamento Europeo en contra del suplicatorio del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. También atribuyó al retraso en el pago de los ERTE que muchos parados no puedan hacer frente al pago de sus alquileres.

Por último, Gamarra tiró también de “datos, datos, datos”, los relativos a Berlín, para sostener que la regulación del precio del alquiler ha sido “el gran fracaso” de su Ayuntamiento “social comunista”, con “un 60% menos de oferta y pisos más caros”.

En su contestación, Iglesias dijo que los populares “repiten los argumentos de las patronales inmobiliarias permanentemente”, y que “un documento ayuda a entender por qué: los papeles de Bárcenas”. Fue leyendo los nombres de empresas de la construcción y bancos que aparecen en ellos como supuestos financiadores del PP, y también los que aparecen como accionistas de Mediaset, Atresmedia y Prisa, y concluyó: “Ustedes están comprados y los poderes mediáticos están comprados”.

“Sé que me van a reventar por lo que estoy diciendo aquí”, dio por supuesto el vicepresidente, quien, pese a todo, prometió “defender la Constitución española y los derechos de millones de españoles que necesitan que el Gobierno entienda que la vivienda no es un bien de mercado sino ante todo un derecho”.