Según informó este jueves la Policía Nacional, este ciudadano español ha sido detenido en una operación en la que colaboraron las autoridades de Andorra, Portugal, así como los organismos Europol, Interpol y Eurojust.

En la operación se ha desmantelado una red de emisión ilegal de contenidos audiovisuales que contaba con más de 100.000.000 descargas. La difusión se realizaba a través de una aplicación de móviles denominada 'Mobdro', cuyos titulares se lucraban de los ingresos que generaba la publicidad insertada -tanto en la aplicación como en la página de descarga-, así como del cobro de una suscripción en la versión 'Premium'.

La investigación se ha saldado con la detención del español residente en Andorra y la realización de tres registros simultáneos, dos de ellos en Murcia y un tercero en el principado andorrano. El registro realizado en este enclave de los Pirineos permitió obtener abundante documentación sobre el modo de monetizar la página para obtener el lucro ilícito.

Asimismo, se ha solicitado el bloqueo judicial de nueve cuentas bancarias y se intervinieron numerosos dispositivos informáticos, móviles y sistemas de almacenamiento, además de dos vehículos y una finca en Andorra (valorados en 450.000 euros). Los agentes estiman que la infraestructura de emisión ilegal de contenidos desmantelada habría producido un lucro ilícito superior a los cinco millones de euros.

DENUNCIAS DE CREADORES Y LA LIGA

Los cuerpos de seguridad que han intervenido en la operación han logrado la interrupción del servicio de emisión ilegal a nivel mundial y se ha retirado la aplicación de las plataformas en las que se encontraba alojada en España y Portugal.

Las pesquisas se iniciaron en octubre de 2018 a raíz de las denuncias presentadas ante la Policía Nacional por la ACE –Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento-, la Liga de Fútbol Profesional y la Premier League por emisión no autorizada de contenidos audiovisuales, sujetos a derechos de autor, a través de una aplicación denominada 'Mobdro'.

Los investigadores identificaron a un ciudadano español como creador de la aplicación y único receptor de los beneficios económicos, generados a través de una sociedad de la que solo él era administrador. Además, durante el transcurso de la investigación este individuo trasladó su lugar de residencia, así como la gestión de la aplicación, al Principado de Andorra. Sin embargo, posteriormente detectaron que había otras tres personas implicadas que, presuntamente, estarían manteniendo la actividad delictiva de la aplicación en España mediante la promoción de la misma en distintos dominios web.

Los agentes también descubrieron otra fuente de obtención de beneficios, consistente en la cesión de los recursos de conexión de sus millones de usuarios a una empresa de anonimización a cambio de un acceso libre de publicidad a los contenidos de la plataforma.