La procesada ha comparecido de manera voluntaria para ponerse a disposición del tribunal que la investigaba en rebeldía. Serret fue procesada por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Sin embargo, no se ha acreditado hasta el momento que el departamento que dirigía hiciera pagos para la organización del referéndum del 1-O. Los exconsejeros que fueron juzgados por estos mismos delitos, sólo fueron condenados por desobediencia.

Serret no estaba en la lista de procesados por el proceso independentista sobre los que el juez Pablo Llarena dictó Orden Europea de Detención después de la sentencia del 14 de octubre de 2019. Si pesaba sobre ella orden nacional de detención. El juez le tomará declaración próximamente y la ha dejado en libertad.

Desde ERC se anunció que Serret, que hasta ahora ejercía de delegada del Gobierno catalán ante la UE, "tiene la intención de tomar posesión del acta que obtuvo en las elecciones del 14 de febrero y seguir haciendo política desde el Parlamento de Cataluña", puesto que se incluyó en las listas de ERC en el último momento, cuando el consejero Bernat Solé fue inhabilitado por su participación en el referéndum del 1-O.

Según su partido, la electa ha señalado que "la decisión estaba muy meditada, pienso que es la decisión correcta y el paso lógico en mi lucha para contribuir a poner fin a la represión contra el independentismo del Estado español. Estoy convencida de que, asumiendo estos riesgos, estamos abriendo camino a todos los compañeros y compañeras que se encuentran en la misma situación”.

El portavoz de JxCat en el Senado, Josep Lluís Cleríes, y los diputados de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí y Albert Botran, se han desplazado al Tribunal Supremo esperando la salida de Serret.