Ribera hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras la crisis abierta en la plantilla de la papelera, temerosa de un cierre de la fábrica en su actual localización en Lourizán.

Su clausura se ha atribuido al artículo 18 de dicha Ley de Cambio Climático, por entender que limita precisamente a 75 años la duración de las concesiones de la zona de dominio público marítimo-terrestre que establece la Ley de Costas, teniendo en cuenta las prórrogas.

La ministra de Transición Ecológica, quien está previsto que se reúna esta semana con representantes de trabajadores de la planta, contestó con un “rotundamente no” a que sea tal normativa la que impida mantener la fábrica.

“No depende de la ley de Cambio Climático ni del artículo 18. No hay ninguna instalación en Galicia ni en ningún otro sitio del litoral que se vea afectada por la ley de Cambio Climático”, sostuvo, apuntando que su vinculación con la situación solo genera “una confusión que no beneficia en absoluto a la gente ni a los vecinos ni, por supuesto, a los trabajadores”.

En el caso de la papelera, explicó que “hay una pequeña confusión porque el principal problema que tienen en Ence es que tiene recurrida la prórroga de la concesión acordada por el Gobierno anterior por Miguel Arias Cañete, y está pendiente de la resolución del Tribunal”.

En su opinión, es “posible que el Tribunal haga una lectura compatible con una ampliación de ese plazo en los términos en los que lo estableció el anterior ministro, en cuyo caso no hay nada que decir por parte del Gobierno, como es obvio”. “Es posible que el tribunal haga una lectura compatible con la Ley de Patrimonio del año 2003 y, por tanto, diga que efectivamente son 75 años y se limita al año 2032”, resumió.

Para la ministra, lo “importante” es “entender qué es lo que quiere hacer Ence en estos años que tiene por delante” con respecto a la concesión vigente y la potencial “generación de alternativas asociadas al movimiento eventual de la central, si es que se mueve la planta”, para sus trabajadores.

Ribera detalló que la Xunta es la competente “en materia de industria y dinamización económica”, deslizando que “tienen algunas cuestiones en el radar asociadas a la actividad forestal”. En este punto, afirmó que en el Gobierno estarán “encantados de acompañarles”.