Así, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, que recordó que nunca ha exhibido ningún "confesionalismo constitucional", argumentó su oposición a esta modificación porque se trata de "una contrarreforma", con desprecio a las formas democráticas, que sacrifica la soberanía de la política y las comunidades autónomas y cede al "chantaje de los especuladores".

"Toda Constitución debe hacer posible la aplicación de distintas políticas", continuó, criticando que la reforma para limitar el déficit público pretende "imponer un único pensamiento económico" justo en el país con menos gasto social por habitante y en el que menos contribuyen los ricos. "El modelo social que consagra la Constitución será sólo papel mojado", auguró.

Desde Nafarroa Bai, Uxúe Barkos dijo que le parece "absolutamente vergonzoso" el modo en que PSOE y PP han vetado algunas de las enmiendas, como aquellas que reclamaban un referéndum para la reforma constitucional, que denostó como un acuerdo sin consenso, de exclusión y, como mucho, aprobado por la disciplina de voto. Tampoco se mostró optimista acerca de que salga adelante la otra enmienda de su grupo, para la independencia de las haciendas forales, que sí fue admitida a trámite por la Mesa.

UPYD, AL CONSTITUCIONAL

Con una visible indignación, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, atacó repetidamente a lo que llamó "el grupo PP-PSOE", que a su juicio pone en evidencia la necesidad de reformar la Constitución, pero para mejorar la calidad de la democracia y protegerla de populares y socialistas.

"¿Quiénes se creen ustedes que son para decir que no se puede tramitar una enmienda porque va contra la Constitución?", les espetó, acusándoles de erigirse en guardianes de la Carta Magna suplantando al TC, al cual anunció que su grupo presentará un recurso de amparo, como antes lo hizo en los pasillos el portavoz de IU, Gaspar Llamazares.

En nombre de Coalición Canaria, Fernando Ríos insistió en que "esta reforma no es necesaria ni oportuna" ni desde el punto de vista formal ni desde el del contenido. Lo primero, por excluir a los grupos minoritarios del consenso, y lo segundo por elevar la "mercadocracia" a dogma universal. Así, anunció el voto en contra de su grupo y su petición de un referéndum para la reforma.

El único portavoz del Grupo que rompió la tendencia general fue el de UPN, Carlos Salvador, quien calificó las críticas anteriores de "trampas en el solitario", porque ante esta "situación crítica" hay que enfrentarse "todos juntos o aquí no se salva nadie".

En este momento histórico, subrayó que muy pocas enmiendas han puesto en cuestión que hay que revisar la forma de administrar el sector público, y concluyó que "no es el momento para introducir reivindicaciones distintas", porque "hoy toca trasladar un mensaje claro".

Salvador también desmintió que en el ánimo del PSOE y el PP esté trastocar la distribución competencial con las comunidades autónomas, como les han reprochado los grupos nacionalistas; según aclaró, si así fuera, UPN no apoyaría la reforma.