Tras la reunión los sindicatos emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraron que la propuesta de la empresa “está muy alejada” de sus pretensiones, ya que la intención es que el proceso de ajuste se haga de manera de forma voluntaria y, sin embargo, a juicio de los representantes de los trabajadores la propuesta de la compañía “se acerca mucho a lo mínimo que establece la ley”.

En concreto, la propuesta de El Corte Inglés contempla una indemnización de 25 días por año trabajado, con un límite de 15 mensualidades, en el caso de los voluntarios, y advierte de que, si no se alcanza su objetivo de ajuste con bajas voluntarias, precederá a un proceso de despidos forzosos con indemnizaciones de 20 días con 12 mensualidades.

Por el contrario, los sindicatos reclaman 36 días por año y con un máximo de 24 mensualidades tanto para el personal que se adscriba al proceso de manera voluntaria como para el que se vea afectado de manera forzosa. Por ello, los cuatro sindicatos que conforman la comisión negociadora tildaron la propuesta de la compañía como “ridícula y fuera de mercado”.

Además, los sindicatos señalaron a la compañía que el hecho de que el proceso sea voluntario “no es justificación para convertirlo en una negociación de menor cantidad indemnizatoria para las personas trabajadoras, dado que, de no ser suficientemente atractivo, se apuntaría poca plantilla a dicho proceso, llevando, desgraciadamente, a procesos forzosos posteriores”.

Por otro lado, El Corte Inglés aboga por que solamente el colectivo de las áreas y centros que sufran procesos de reorganización sean los que puedan acogerse al proceso de voluntariedad, para el que propone un plazo de un mes desde que se cierre el acuerdo para adherirse de manera voluntaria, seguido de otro mes para que la empresa conteste a la solicitud.

Por su parte, los sindicatos piden que la preferencia de adscripción voluntaria se aplique a todo el personal de El Corte Inglés, independientemente de su área o centro y, en caso de no cubrirse el objetivo de forma voluntaria, solicitan que el número de afectados sea menor a 3.000 personas.

Por último, las organizaciones sindicales criticaron que “el camino que hoy ha escogido la empresa ha sido radicalmente el opuesto a lo que, desde la parte social, consideramos justo para los intereses de los trabajadores”.