La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, señala que el precepto reglamentario impugnado no tiene como resultado la atribución de los efectos propios de la oficialidad a una lengua propia como medio normal de comunicación ante todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico “sino únicamente reconoce determinados efectos en el seno de la institución parlamentaria autonómica”.

En otras palabras, el uso del bable/asturiano no se reconoce ni a la Administración autonómica, ni a los entes locales, ni a los órganos dependientes de la Administración central, porque sólo queda circunscrito al ámbito de la propia Cámara autonómica.

Por tanto, el artículo 3 bis del Reglamento lo que permite es la utilización de la lengua propia tanto por los diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como por los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados o cualquier persona que comparezca ante la Cámara autonómica.

Los diputados recurrentes alegaban que el artículo 3 bis del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias vulneraba los artículos. 3.2 y 81.1 de la Constitución y el artículo 4 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, que no reconoce al bable/asturiano como lengua cooficial.

En este punto, la sentencia razona que “el que no se haya atribuido estatutariamente carácter oficial al bable/asturiano no excluye la posibilidad de tutelar aquella realidad lingüística que no está amparada por el estatuto de la oficialidad lingüística mediante medidas de protección y promoción como es el reconocimiento del uso de la lengua propia ante el órgano de representación de la ciudadanía, la Junta del Principado de Asturias, foro de debate y participación en el que es especialmente adecuado que se garantice y visibilice aquella realidad lingüística plural”.

En definitiva, en la medida en que el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias “protege y ampara” el bable no hay duda de que resultan de aplicación las disposiciones de la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias.

La sentencia cuenta con el voto particular de la magistrada Encarnación Roca, quien considera que el bable no es lengua oficial, porque la Constitución exige que así se establezca en el Estatuto de Autonomía del Principado y éste no le reconoce este carácter. Únicamente establece, en su artículo 4, que “gozará de protección y se promoverá su uso, difusión en los medios de comunicación y su enseñanza (…)” y que una ley del Principado regulará su ”protección, uso y promoción”.

Por tanto, “sólo el Estatuto puede convertir una lengua propia en medio normal de comunicación en y entre los poderes públicos. Y si no lo hace, el legislador no puede conferir, aunque sea de forma parcial o limitada, dicha cualidad”.

Por su parte, el magistrado Pedro González-Trevijano ha formulado un voto particular concurrente. En su opinión, se debería precisar que la posibilidad de utilizar el bable/asturiano lo es a los exclusivos efectos de abrir el uso de esa lengua en sede parlamentaria, pero sin que de dicha utilización pueda deducirse validez o efecto jurídico alguno, ni pueda derivarse en su configuración como lengua vehicular.

Además, entiende que la sentencia debería haber recurrido a una interpretación conforme para asegurar el equilibrio entre la posibilidad de utilizar esta modalidad lingüística y el derecho de los parlamentarios al ejercicio de sus funciones sin obstáculo alguno derivado del desconocimiento de esta lengua.