Según los datos de ejecución presupuestaria del cierre de 2020, el déficit es el resultado de unos derechos reconocidos por operaciones no financieras -ingresos- de 164.375,88 millones, que aumentaron un 12,95%, y unas obligaciones reconocidas -gastos- de 179.355,73 millones, que crecieron un 10,62% interanual. El déficit de casi 15.000 millones supone el 1,36% del PIB.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 89,56% correspondió a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 10,44% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 88,77% fue reconocido por las entidades gestoras y servicios comunes y el 11,23% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del Sistema alcanzó los 162.005,72 millones, con un incremento del 12,65% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento del 10,63%, hasta alcanzar los 179.203,87 millones.

INGRESOS

Las cotizaciones sociales ascendieron a 119.955,59 millones, lo que supone una caída del 3,46% respecto 2019 debido al descenso en la cotización de ocupados en 6.708,08 millones (un 5,73% menos) mientras que la cotización de desempleados se elevó en 2.408,77 millones (un 33,66% más).

El descenso en los ingresos por cotizaciones tiene su origen en las distintas medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, como las exoneraciones de las cuotas de los trabajadores de empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), lo que ha supuesto menores ingresos por importe de 4.347,15 millones.

Las exoneraciones de las cuotas de los autónomos beneficiarios de las prestaciones extraordinarias han supuesto menores ingresos por un importe estimado de 2.241,06 millones, a lo que se suman las moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se han podido acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia que hasta diciembre de 2020 alcanzaron un importe de 26,23 millones.

Las transferencias corrientes ascendieron a 43.317,09 millones, un 120,89% más que en 2019, debido fundamentalmente a las transferencias que el Estado ha concedido para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la Covid-19 que, a 31 de diciembre, alcanzaron un importe total de 20.002,59 millones.

GASTOS

Las prestaciones económicas a familias e instituciones se situaron en 164.249,19 millones, un 7,93% más que en 2019. Esta cifra representa el 91,58% del gasto total realizado en el Sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 152.403,38 millones, correspondió a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 8,21%.

El gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevó un 2,95%, hasta los 131.933,27 millones, debido al aumento del número de pensionistas (0,08%), al incremento de la pensión media (2,23%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (0,9%).

Las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 3.015,82 millones, con un incremento interanual del 14,33%, debido esencialmente al aumento del permiso del segundo progenitor de 8 a 12 semanas.

El gasto total en incapacidad temporal repuntó un 25,08%, hasta los 11.916,61 millones. En concreto, el gasto en incapacidad temporal por contingencias profesionales registró un incremento del 4,45% respecto del ejercicio anterior, hasta los 1.157,85 millones y el gasto de incapacidad temporal por procesos derivados de la Covid-19 alcanzó los 1.137,03 millones.

Por otro lado, el gasto en incapacidad temporal derivado de contingencias comunes fue de 9.620,88 millones, un 14,82% más. Las prestaciones extraordinarias para autónomos registraron un gasto acumulado hasta 31 de diciembre hasta los 4.935,78 millones.

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzaron los 11.845,82 millones, un 4,45% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destinó a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 9.411,93 millones, y a subsidios y otras prestaciones 2.433,89 millones, de los cuales 2.212,27 millones correspondieron a prestaciones familiares e Ingreso Mínimo Vital. Específicamente, a prestaciones familiares correspondieron 1.800,99 millones, con un incremento de un 8,05% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, los gastos de gestión crecieron un 0,5% interanual hasta alcanzar 3.833,04 millones.