Así consta en el informe que la Abogacía del Estado ha remitido al Tribunal Supremo sobre los indultos de los condenados por el ‘procés’, en el que sólo se limita a estudiar la situación de los cuatro condenados por el delito de malversación de caudales públicos: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, desdeñando hacer lo propio con Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó porque, a pesar de que también fueron acusados del mismo delito, fueron absueltos por el Tribunal Supremo.

El referido informe establece que “ni el informe que se acompaña al presente escrito ni el escrito mismo, incorporan una valoración sobre “la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia” a la que hace referencia el artículo 25 de la Ley del Indulto.

Añade que la “parte ofendida” que emite el informe es la Administración General del Estado, de la que forman parte tanto el órgano que debe formular la propuesta de indulto (el Ministro de Justicia) como el órgano que debe acordarlo (el Gobierno por Real Decreto).

Por esa razón, afirma que “dada la personalidad jurídica única de la Administración General del Estado, no corresponde a la Subsecretaría de Hacienda ni a esta Abogacía del Estado en su representación, en cuanto órganos de la propia Administración General del Estado, manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto o sobre la forma de la concesión de la gracia”, ya que, si lo hiciera, “se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que sólo al Gobierno compete”.

Por otro lado, la Abogacía del Estado concluye que el “perjuicio económico” causado por la celebración del referéndum del 1-O a la Hacienda Pública ya se ha resarcido, apoyándose para ello en un informe remitido por el Tribunal de Cuentas.

Ese informe se complementa con la aportación de varios documentos: el acta de liquidación de 28 de enero de 2020 con motivo de los gastos ocasionados por la celebración del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, por importe de 4.146.274,97 euros (3.903.294,86 euros de daños ocasionados a fondos públicos y 242.980,11 euros de intereses); y la Providencia de 24 de febrero de 2020, en que se acordaba “tener por garantizada la cantidad de 4.146.274,97 euros, a que asciende el importe de la presunta responsabilidad contable en las actuaciones de referencia”.