Según informó la Policía, tras la entrada en los chalés y la intervención de seis vehículos, los agentes se incautaron de más de 7.000 plantas con más de 300 kilogramos de marihuana y casi 30.000 euros en efectivo. Las pesquisas arrancaron a finales del año 2019 tras conocerse la existencia de diversas plantaciones de marihuana en el interior de chalés y domicilios tanto en la Comunidad de Madrid, como en las provincias de Toledo y Guadalajara.
Fruto de una compleja investigación que ha durado más de un año, los agentes establecieron un primer dispositivo a principios del mes de febrero y lograron interceptar a la altura del municipio de Móstoles una furgoneta conducida por dos individuos. Al inspeccionar el vehículo, los policías localizaron ocultos en la carrocería dos compartimentos, albergando cuatro bolsas con 6,6 kilogramos de marihuana
en cogollos y casi 22.000 euros en efectivo, por lo que fueron arrestados ambos ocupantes como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.
A principios de marzo, los agentes localizaron a los tres principales investigados circulando en tres vehículos a la altura de la
localidad de Illescas (Toledo). Durante el registro efectuado, encontraron en una furgoneta dos cajas de cartón que contenían unos 10 kilogramos de marihuana en cogollos. Se detuvo a los tres individuos, presumiblemente los dirigentes del entramado criminal.
A continuación, los investigadores efectuaron una entrada y registro en seis plantaciones “indoor” de marihuana en las localidades de
Soto del Real, San Martín de la Vega, El Molar y El Casar (Guadalajara), Las Ventas de Retamosa y Yeles (Toledo), y accedieron a los domicilios de los tres dirigentes en Madrid y Getafe.
El operativo se saldó con el arresto de otras nueve personas, incautándose un total de 20 kilogramos de marihuana en cogollos, 7.061 plantas que ascendían a 271.774 kilogramos de esta sustancia, 9.000 euros en efectivo y cuatro vehículos. La investigación concluyó a mediados de marzo con la detención de los restantes cinco miembros del grupo criminal. Los 19 arrestados pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación del fluido eléctrico. El juez decretó el ingreso en prisión de cinco de ellos.