No obstante, se “congratula” de que el ejercicio cerrase con nueve víctimas mortales menos que en el anterior, si bien puntualizó que la reducción del número de denuncias “no quiere decir que disminuyese la violencia de género”.

Así lo precisó este miércoles en el transcurso de su comparecencia, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género para informar del seguimiento de dicho pacto en el que ha sido su último acto en este cargo antes de trasladarse a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

En relación con los efectos de la pandemia sobre la violencia de género y sus víctimas, la fiscal insistió en que el pasado año se redujo el número de denuncias, lo que, a su entender, “no quiere decir que disminuyese la violencia de género, simplemente que cambió y se adaptó a las circunstancias”, dado que, dijo, el agresor “no quiere golpear ni matar a su víctima, sino dominar y controlar”.

Según recordó, las mujeres “no pudieron salir ni relacionarse con otras personas y, si la propia mujer se plegó a esas circunstancias, entonces el control psicológico es suficiente”. “No es necesario ejercer la violencia física”, explicó, para, a continuación, advertir de que, por esa razón, “hay que congratularse” de que, si en 2019 hubo 56 víctimas, en el año 2020 “solamente, entre comillas”, hubo 47, aunque reconoció que “cualquier víctima es excesiva”.

A este respecto, señaló que la “cifra negra, desde luego ha aumentado”, como, según su punto de vista, “se pone de manifiesto” en el incremento del uso del 016 o del teléfono de Anar con relación a los menores y sentenció que la propia pandemia “ha afectado de forma más importante a las personas más vulnerables y las mujeres son las personas más vulnerables”.

BRECHA DE GÉNERO

Así, señaló que esta crisis ha “incrementado la brecha de género” porque ha afectado a los servicios de cuidados, sociales, asistenciales, al trabajo parcial y a la economía sumergida, donde, según Martín, “más está la mujer”, pero también ha implicado la “paralización” de la actividad judicial, puesto que, salvo las denuncias de violencia de género y las órdenes de protección para mujeres y niños, “todo lo demás se ha paralizado y ha supuesto un importante retraso de todos los procedimientos de violencia de género, con el consiguiente impacto negativo para las víctimas”.

En este sentido, consideró que este “atasco va a costar bastante superarlo” debido a los “límites” impuestos por las autoridades sanitarias para frenar la expansión del virus y a que “no se han arbitrado” los medios necesarios para “reforzar” los juzgados de violencia sobre la mujer ni la Fiscalía para “absorber este gran bloque de procedimientos pendientes”.

Ante este escenario, además de realizar juicios por videoconferencia, también defendió la importancia de implementar medidas como “fomentar” las conformidades, "evitando llegar a juicio, cuando es posible, con una leve rebaja de la pena dentro de los márgenes legales” para poder evitar a la víctima que tenga que declarar, así como la “revictimización que supone el volver a recordar los hechos”.

Martín subrayó que la violencia de género “sigue siendo una lacra” y la “máxima manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres”, además de suponer una “grave vulneración de los derechos humanos” y representar “una pandemia, porque afecta a todos los países, clases, culturas y razas” según reconoce la OMS y lamentó que una de cada tres mujeres y niñas van a ser objeto de violencia física o sexual a lo largo de su vida.

VIOLENCIA ESTRUCTURAL

La fiscal explicó que la violencia de género “es estructural y no un supuesto privado que se debe resolver dentro de la familia, sino una cuestión de Estado”, por lo que juzgó el pacto de Estado alcanzado por unanimidad como un “reconocimiento importantísimo” a la violencia de género como “una cuestión de Estado", amén de que también supuso "un respaldo económico” para luchar contra ella.

“Abría un nuevo escenario esperanzador que llenó de esperanza a la sociedad en general y, en particular, a la Fiscalía, porque supuso también unos nuevos compromisos más actualizados y más vinculantes para todos las operadores e instituciones particulares que intervienen en la violencia de género”, añadió, si bien admitió la importancia de “seguir evaluando y desarrollando ese pacto, que era muy ambicioso”.

Con relación a la memoria de la Fiscalía del ejercicio 2020, subrayó que ya se encuentra “casi terminada”, aunque todavía no ha sido aprobada por la fiscal general e hizo un repaso de las cifras de 2019, recordando que “detrás de cada cifra, hay un drama”.

En el último año, sólo el 25% de las víctimas mortales había denunciado y el 80% se produjeron en poblaciones inferiores a 100.000 habitantes. Además, hubo tres niños asesinados y 46 huérfanos y se interpusieron 168.057, una cada seis días. De ellas, sólo 58.000 llegaron a juicio y del total, solamente 1,95% fueron formuladas por familiares y un 2,80% por los servicios asistenciales.

Las órdenes de protección que se pidieron han aumentado entre un 70 y un 71%, pero Martín señaló que continúa siendo “desigual” la respuesta judicial porque hay “desigualdad” entre comunidades autónomas e incluso entre partidos judiciales hasta el punto de que el grupo de seguimiento del Convenio de Estambul que acaba de examinar a España sobre el grado de implementación de dicho convenio, pone de manifiesto que el Estado, “debido a la organización administrativa tan compleja que tiene, no tiene resortes suficientes para asegurar y garantizar un mínimo de igualdad de todas las víctimas de violencia de género de -acceso a- recursos dondequiera que denuncien”.

Además, criticó que la orden de protección “no se cumple” y que existe un “gran incumplimiento” de las que se conceden, como demuestran las 29.000 denuncias que hubo en 2019 por quebrantamiento de dicha orden, y aseveró que “sigue siendo falso” que las víctimas utilizan la denuncia para obtener más beneficios en el ámbito matrimonial.