Así consta en la orden ministerial firmada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la que se da cuenta del acuerdo aprobado en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 30 de marzo de 2021.

A propuesta del ministro del Interior, de la ministra de Hacienda y de la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como afirma la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves recogida por Servimedia, se establecen las obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2021.

La propia norma recoge que, “con motivo de la convocatoria de elecciones a la Asamblea de Madrid, y la necesidad de contar con esta herramienta con la suficiente antelación en caso de otras convocatorias que pudieran producirse durante el año 2021”, es “conveniente aprobar un solo acuerdo de Consejo de Ministros las obligaciones de servicio público que se imponen al operador postal Correos y Telégrafos en su condición de prestador del servicio postal universal, para todos los procesos electorales que puedan convocarse durante este año”.

De esta manera, el Ejecutivo deja lista las “obligaciones” que debe asumir Correos “para salvaguardar el normal desarrollo de las elecciones que se convoquen durante el año 2021”.

Las obligaciones de esta empresa estatal quedan detalladas en las ocho páginas de las orden ministerial y se refieren, principalmente, a garantizar las distintas variantes del voto por correo, en el extranjero, personal embarcado o en centros penitenciarios, etc.

Además, en lo referido a la propaganda electoral, la orden establece que “la cantidad a compensar” por el Ministerio del Interior, igual que en las últimas elecciones generales es de 0,006 euros.