El texto inicial fue remitido por el Consejo de Ministros al Congreso en mayo del año pasado y recibió una enmienda a la totalidad, presentada por Vox y rechazada en julio tras sumar el único apoyo de Foro, y 757 enmiendas parciales presentadas por todos los grupos parlamentarios.

La fase de ponencia de la ley concluyó con su preceptivo informe y la retirada de 65 enmiendas parciales, por lo que 692 quedaron vivas antes del debate y votación en la Comisión de este jueves, aunque algunas cayeron en el último momento.

El debate se prolongó durante más de tres horas, hasta que se procedió a la votación de las enmiendas vivas y el informe de la ponencia (22 a favor, 5 en contra y 10 abstenciones), lo que se alargó durante una hora y media tras una sesión maratoniana que acabó con el aplauso de muchos de los diputados presentes en la sala.

Al final, el texto que llegará al Senado recibió 22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones, después de que en las votaciones se incorporaran solamente 18 enmiendas transaccionales y otras tres parciales. Como anécdota, el diputado Joan Capdevila (ERC) votó desde su despacho al confinarse en él tras dar positivo por Covid-19 uno de sus compañeros de grupo parlamentario.

Algunos portavoces parlamentarios mostraron su beneplácito por la conveniencia de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y consideraron que el texto ha mejorado en su paso por el Congreso. “Hoy es un día para la historia”, comentó Germán Renau, del PSOE, quien añadió que la norma es “muy ambiciosa”.

Juantxo López de Uralde, de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, indicó que este jueves era “un día importante” con la aprobación de “una buena ley” de lucha contra el cambio climático, recordó que la primera norma de ese tipo en la UE fue aprobada en Reino Unido en 2008 y destacó la necesidad de que España cuente ya con una frente a “la estrategia del negacionismo de ganar tiempo sin que ocurra nada”.

Otros portavoces se mostraron más críticos. Por ejemplo, Juan Diego Requena, del PP, tachó de “mala” la ley y acusó al Gobierno de desaprovechar la oportunidad de que fuera tratada como “pacto de Estado”, ya que, a su juicio, envía una “mala señal” para inversores, la industria, los agricultores y la España rural.

Pedro Requejo, de Vox, apostó por “rebajar” los objetivos climáticos de la ley para “preservar la economía española de un Gobierno irresponsable” y por suprimir la prohibición de explotar hidrocarburos y la minería de uranio.

OBJETIVOS MÁS AMBICIOSOS

La ley pretende que la economía española entierre los combustibles fósiles a largo plazo, puesto que prevé que España alcance la neutralidad de emisiones “antes de 2050”, es decir, que para entonces las emisiones que se expulsen a la atmósfera sean compensadas con las que ecosistemas como bosques u océanos pueden absorber.

El Congreso eleva los objetivos climáticos nacionales a medio y largo plazo respecto del proyecto presentado por el Gobierno, fijados ahora en que para 2030 se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% con respecto a 1990, las renovables aporten al menos un 42% del consumo de energía final, el 74% de la electricidad se genere con renovables y la eficiencia energética mejore en al menos un 39,5%. Y para 2050, toda la electricidad proceda de fuentes renovables.

La primera revisión de esos objetivos se iniciará en 2023, gracias a una transaccional a sendas enmiendas de Más País-Equo y el ERC, que fue apoyada por la mayoría de los grupos. “Eso cierra el debate de la ambición”, apuntó Uralde, que destacó que la reducción del 23% en las emisiones contaminantes supone un “esfuerzo similar” al del resto de países europeos teniendo en cuenta que España parte de una situación peor al aumentar sus emisiones en años pasados por “mirar hacia otro lado”.

MOVILIDAD Y CALIDAD DEL AIRE

En materia de movilidad, el texto mantiene 2040 como fecha tope a partir de la cual sólo podrán venderse coches y vehículos comerciales ligeros nuevos -salvo los matriculados como vehículos históricos- libres de CO2 (concretamente, con cero gramos de CO2 por kilómetro recorrido), de manera que antes de ese año irá reduciéndose la venta de vehículos contaminantes. Además, todas las administraciones públicas deberán adoptar medidas para que en 2050 haya un parque de automóviles y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.

La ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a establecer zonas de bajas emisiones como muy tarde en 2023, esto es, áreas con restricción de la circulación de vehículos contaminantes y de impulso del transporte público y los desplazamientos a pie, en bicicleta o por medios de transporte eléctrico.

Una novedad surgida del Congreso es que esas localidades de más de 50.000 residentes establezcan criterios para mejora la calidad del aire “alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad”.

En el último momento se aprobó una enmienda transaccional del PNV que rechaza que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emita un informe si algún ayuntamiento decide revertir su zona de bajas emisiones (como intentó el actual equipo dirigido por José Luis Martínez-Almeida con Madrid Central), sino que ese documento lo emita solamente el “órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente”.

La norma obliga a las gasolineras con mayor capacidad económica (un 9% del total) a instalar al menos un punto de recarga rápida de potencia igual o superior a 150 kW para favorecer la expansión del vehículo eléctrico. Las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos -o las que hagan una reforma que requiera revisión de su título administrativo- deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua con el fin de que la recarga del vehículo sea rápida.

Como novedad aprobada en el Congreso, según pudo saber Servimedia, el Gobierno incorporará una nueva señal de tráfico para que los conductores conozcan dónde hay puntos de recarga para vehículos eléctricos en las carreteras.

HIDROCARBUROS Y MINERÍA

Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la futura ley no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, ni se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen ('fracking'). Una de las novedades en la tramitación del Congreso es el veto a la minería radiactiva, tras la polémica por un proyecto de mina de uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca).

Otras se refieren a que el Gobierno elaborará un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley, establecerá objetivos anuales de energías renovables y suministro de combustibles alternativos en el transporte, sobre todo biocombustibles avanzados y otros combustibles renovables no biológicos.

Además, las Administraciones públicas considerarán el cambio climático en la salud pública, el Estado podrá contratar servicios de comida en el que primen los alimentos frescos y de temporada, y que el despliegue de las energías renovables se haga “de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial”.

También se insertan en el texto otros aspectos, como que el Gobierno promoverá el transporte ferroviario de viajeros -así como el de mercancías por tren en distancias superiores a 300 kilómetros-, se creará un grupo de expertos sobre fiscalidad verde, que la madera utilizada en obras públicas proceda de bosques sostenibles y que el Gobierno reformará el sector eléctrico antes de 12 meses tras la entrada en vigor de la ley, con participación de los consumidores e inversiones de energías renovables variables y flexibles

Por último, el Gobierno revisará el tratamiento del cambio climático y la sostenibiIidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del Sistema Educativo de manera transversal, promoverá que las universidades procedan a la revisión del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios y realizará campañas de sensibilización y concienciación ciudadana sobre los impactos climáticos.