Esta formación política asegura que los datos de los que dispone sobre la situación de la población gitana en España perfilan de manera “clara” qie se trata de un colectivo “especialmente vulnerable” en términos económicos y sociales.

Cs lamenta que en 2018 la tasa de desempleo de esta minoría étnica alcanzaba el 56% mientas que el porcentaje de parados para la población general era del 16%, o que, según un estudio elaborado en 2013 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el abandono escolar temprano del alumnado gitano alcanzaba el 63,7%, frente al 19,4% del conjunto de la población.

Por ello, el partido de Inés Arrimadas propone impulsar la nueva estrategia nacional de Inclusión Social de la Población Gitana 2021-2029 para garantizar la igualdad “formal y material” de la población gitana con la finalidad de establecer un marco político y presupuestario que promueva la inclusión social de este colectivo en España.

En este sentido, pretende garantizar que esta estrategia cuente con un objetivo “específico” orientado a promover la igualdad material de las mujeres gitanas. Pide que contemple medidas concretas para reducir el fracaso escolar entre las mujeres y reducir el desempleo hasta porcentajes cercanos a la media general de la población mientras esté vigente.

La iniciativa de Cs aboga por promover un “plan de choque” contra el fracaso escolar en el que se aborden “específicamente” las “desigualdades” estructurales que “padece” el alumnado gitano, que está “sobrerrepresentado” en la tasa de fracaso escolar.

VIVIENDA

Por otro lado, apuesta por incluir dentro del Plan Estatal de Vivienda 2021-2024 un programa para la erradicación del “chabolismo” y la “infravivienda”, dotados de los recursos necesarios y aplicando metodologías encaminadas a soluciones “estables y definitivas”, así como potenciar la construcción de viviendas de promoción pública en régimen de alquiler, fijando un porcentaje mínimo de domicilios que deberán destinarse a personas en riesgo de exclusión social.

Además, esta proposición busca elaborar un código de buenas prácticas inmobiliarias que garantice la ausencia de cualquier tipo de discriminación por parte de los prestadores de servicios de venta, arrendamiento, intermediación inmobiliaria y portales de anuncios, e incluir en el Código Penal el “antigitanismo” como circunstancia “agravante” en la comisión de un delito y como motivación en los tipos penales relativos a los delitos de odio y discriminación.