El pasado octubre, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama terminó la instrucción de esta causa que se centraba en investigar sobre las supuestas irregularidades en la operación de ampliación por un importe de 384 millones. Ese dinero se aportó a través de activos "extremadamente sobrevalorados" de Aldira Inversiones Inmobiliarias.

La ampliación se realizó mediante una aportación no dineraria del cien por cien de las participaciones de Aldira en forma de aportación de bienes inmuebles “sobrevalorados”, que no aportó la liquidez que necesitaba la empresa.

El Consejo de Administración de la compañía aprobó un informe para justificar ante la Junta General la ampliación. Según la Fiscalía ese documento contemplaba una valoración "ficticia” de los activos de Aldira que estuvieron también valorados de manera “irracional” por el experto que avaló la operación, Grant Thorton.

La junta de accionistas aprobó la operación con arreglo a esos informes y se emitieron nuevas acciones que se traspasaron a 62 personas físicas y jurídicas y Urbas incorporó inmuebles por 11,3 millones de euros tras comprarlos ese mismo día por más de 562.000 euros. La Fiscalía sostiene que los hechos pueden constituir delitos de estafa y administración desleal.