Darias señaló que en el plan se encuentran representadas tanto la administración central, como las autonómicas y las municipales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y otros ámbitos de máxima representación, además de la sociedad civil, organizaciones y personas expertas en adicciones y sociedades científicas.
“Todos integramos una red, buscamos integrar a todos estos actores, velando por respuesta coherente en un país muy descentralizado”, significó la ministra de Sanidad.
En esta misma línea, valoró la trayectoria del Plan Nacional de las Drogas y la Delegación del Gobierno para el plan, creados en 1985, así como las políticas con que cuenta actualmente España para estudiar las tendencias y poder adaptar los programas a las circunstancias actuales y futuras.
En este sentido, destacó el despliegue de políticas preventivas, asistenciales y de reinserción social, que ofrecen servicios profesionalizados.
Del mismo modo, la ministra de Sanidad hizo hincapié en que las políticas que desarrolla el Gobierno de España se basan en el respeto de los derechos humanos y en perseguir tanto la producción como la distribución de estupefacientes.
Seguir colaborando con los organismos internacionales
La ministra de Sanidad manifestó, asimismo, la predisposición del Gobierno de España para seguir trabajando con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, a través de la Representación Permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena del Ministerio de Asuntos Exteriores y con otros organismos de la Administración General del Estado.
“Estamos muy pendientes de lo que pasan en otros países y nos enriquece la colaboración internacional” recalcó Darias, quien también expresó su deseo de vivir en un mundo “más seguro y más sano”.
La Comisión de Estupefacientes (CND) de las Naciones Unidas revisa y analiza la situación mundial de las drogas, considerando los aspectos de reducción de la oferta y la demanda y tiene el mandato de decidir sobre el alcance de la fiscalización de sustancias bajo los tres tratados de fiscalización internacional de drogas.