En la denuncia, el partido de Pablo Casado recuerda la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 31 de marzo que establecía que este coronel hizo bien al no facilitar a sus superiores el informe sobre si la marcha del Día de la Mujer del 8-M del año pasado debió suspenderse al coincidir con el inicio de la pandemia del coronavirus.

El PP recalca que en los fundamentos de derecho que recoge la sentencia queda acreditado “sin ningún género de dudas” que el señor Pérez de los Cobos “fue cesado por D. Rafael Pérez Ruiz, secretario de Estado de Seguridad, a propuesta de Dª María Gámez, directora general de la Guardia Civil mediante resolución de 24 de mayo de 2020 y “de manera completamente irregular, contraria a la ley y prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

Recuerda el PP en su escrito que el origen de estos hechos radica en la negativa de Pérez de los Cobos a informar a los responsables políticos del Ministerio del Interior del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil ante “una eventual responsabilidad penal de diferentes cargos institucionales”, por lo que “resultaba de evidente interés político y social”.

Por tanto, queda acreditado “que la motivación que sustenta dicho acto administrativo resulta manifiestamente ilegal, toda vez que el comportamiento que se solicita a Pérez de los Cobos es contrario a la ley y al mandato de reserva expresamente ordenado por la magistrada sobre la evolución y el resultado de las investigaciones”, dice el PP.

Según en principal partido de la oposición, los hechos denunciados resultan “especialmente graves” y no solo por el hecho de que el comportamiento que se solicitó al coronel Pérez de los Cobos fuera “manifiestamente ilegal”, sino porque “de haber accedido a cumplir con lo solicitado por los responsables del Ministerio del Interior, dicho comportamiento exigido podría haber sido constitutivo de un ilícito penal que hubiera tenido que asumir personalmente Pérez de los Cobos”.

De todo ello, el PP infiere inequívocamente que la resolución de cese de este coronel “es consecuencia directa de no haber realizado un acto abiertamente ilegal, que se pretendió ocultar como un mero acto administrativo de carácter discrecional”.

Para el PP, la ausencia de un informe razonado de las causas que motivan la propuesta de su cese como Coronel Jefe de la Comandancia de Madrid indica el contenido “injusto” tanto de la resolución de cese de 24 de mayo de 2020, como de la resolución de fecha 28 de julio de 2020 del ministro del Interior, que la confirma.

“Es palmario el contenido injusto de ambas resoluciones administrativas, toda vez que vienen a encubrir una sanción que en forma de cese fulminante recibe el señor Pérez de los Cobos”, señala, y considera que todo ello es “evidentemente conocido por las personas involucradas”, mentando a Gámez, “quien propuso el cese”, y al secretario de Estado de Seguridad, “quien dictó la resolución”.

El partido denunciante cree que estos hechos, de acreditarse, pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, por parte de la directora general de la Guardia Civil y del secretario de Estado de Seguridad, quien “dictó la resolución, ahora anulada, de manera manifiestamente arbitraria, ilegal e injusta en asunto administrativo”.