Esta formación política señala que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la Asociación Francisco Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a 2.500 jueces y magistrados de España, han remitido una carta a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transportes, Vera Jourová, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en la que exponen la “situación de riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España”.

Todo ello, añade, como consecuencia de la recientemente aprobada Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, promovida por PSOE y Unidas Podemos.

Además, esta formación recuerda que ha criticado “reiteradamente” ante el Gobierno el peligro que entrañaba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuestión. Sin embargo, añade, las peticiones han siempre sido desoídas.

Ante esta situación, Cs pregunta al Gobierno si considera oportuno rectificar su reforma legislativa relativa al CGPJ en funciones y si considera “fundadas” las citadas quejas de las asociaciones profesionales de jueces.

También quiere conocer si el Ejecutivo cree necesario cumplir con el “espíritu constitucional” para que la mayoría de los integrantes del CGPJ sean elegidos “por y entre” jueces y magistrados, así como qué medidas piensa adaptar para garantizar la separación de poderes en España, actualmente “en cuestión y bajo sospecha”.