Infancia

La Plataforma de Infancia pide más protección de menores tutelados por la Administración en la Ley de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia

MADRID
SERVIMEDIA

La Plataforma de Infancia, red conformada por 73 organizaciones de Infancia, pide que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, cuyo dictamen se debate el próximo jueves en el Pleno del Congreso refuerce la protección de los niños y niñas cuya tutela ostenta la Administración y las garantías a los niños, niñas y sus familias ante las retiradas de tutelas.

La plataforma también reclama a los diputados que se aumente el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores de forma que empiecen a contar al cumplir los 40 años, y prohíba los desnudos en el procedimiento de determinación de la edad.
“Consideramos que el Proyecto de Ley ha ido mejorando durante su tramitación parlamentaria”, explica Almudena Escorial, Responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, que destaca como “especialmente relevante” la previsión de creación de entornos seguros en los distintos ámbitos o la garantía de que las denuncias interpuestas por niños y niñas sin el acompañamiento de su tutor no requieran la valoración de su madurez por parte de la Policía.

“Sin embargo, no podemos permitirnos que esta ley, que va a ser ejemplo en el mundo, deje fuera cuestiones esenciales para el objetivo que se marca, es decir, para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia", lamentó Escorial.
Aunque se hayan introducido mejoras en la Ponencia, las organizaciones de infancia señalan que el proyecto de ley no aborda suficientemente la necesidad de reforzar la protección de los niños y niñas privados de cuidado parental y consideran esencial asegurar que es un ámbito prioritario en la ley y en la estrategia a desarrollar, sobre el que se tomen medidas específicas, como el establecimiento de una figura análoga al coordinador de protección de los centros educativos.
“Los niños y niñas tutelados por las Administraciones públicas bajo el sistema de protección son uno de los grupos más vulnerables frente a la violencia y, además, los sistemas de protección carecen de las herramientas necesarias para protegerlos, especialmente en recursos residenciales grandes” explica Escorial. De hecho el Comité sobre los Derechos del Niño en 2018 mostró su preocupación a España por “los casos de malos tratos y de trato degradante de niños atendidos en centros de acogida”.

(SERVIMEDIA)
13 Abr 2021
AHP/gja