Este martes declararon varios testigos. En concreto, la sesión se inició con la comparecencia de Adolfo Sánchez García, presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, de quien el extesorero Luis Bárcenas dijo que hizo entregas al PP para que se legislara a favor de las personas afectadas. Además, comparecieron el empleado del PP César Maicas y los abogados y asesores fiscales de Unifica Pedro Hammer Martínez-Echevarría, José María García-Ogara, Mercedes Bravo y Javier Oñate.

En este juicio, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional trata de determinar si el PP pagó con dinero de su ‘caja b’ la reforma de su sede nacional de la calle de Génova. Dos de los asesores, que se encargaban además de hacer la declaración de la renta de los dos socios acusados en este juicio, dijeron al tribunal que no conocían la procedencia del dinero que ambos regularizaron acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012.

Tanto Urquijo como García tenían dinero en distintas entidades financieras de Suiza, Canadá y Luxemburgo que no había sido declarado a la Hacienda Pública española. Con la regularización de 2,18 millones de euros, cada uno de ellos pago cerca de 110.000 euros.

Según Pedro Hammer, la actuación de la empresa se ajustaba a los estándares habituales en el sector en lo que a emisión y plazos para librar facturas se refiere, y explicó que la diferencia entre lo que Hacienda reclamaba a la empresa y lo que pagó fue de 4.000 euros en 2007. Señaló que dos años después tuvo que pagar 900.000 euros por el momento en que se hizo la factura definitiva.

Fueron precisamente este asesor fiscal y José María García-Ogara los que aseguraron no tener idea de la procedencia del dinero regularizado por los socios de Unifica, aunque fueron ellos los encargados de hacer las declaraciones correspondientes.

Ambos asesores eran testigos de la defensa, que trató de demostrar que Unifica declaraba sus ingresos a la Hacienda Pública, pero no pudieron ofrecer explicación alguna al origen del dinero depositado en el extranjero. Durante el juicio se han analizado varios correos internos entre los trabajadores de la empresa en los que se mencionaban instrucciones para “hacer 60.000 en b y quitarse 11.000 euros de IVA” o pagos en “dinero tipo b”.

Por su parte, Adolfo Sánchez García, presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, negó haber entregado nunca dinero alguno al PP, aunque sí admitió haber tenido contactos para pedir medidas legales que ayudasen a las personas tartamudas. Bárcenas, sin embargo, le atribuyó siete entregas de dinero entre junio de 2006 y noviembre de 2007, que oscilaron entre los 9.500 y los 24.000 euros, hasta sumar 88.500 euros.

En la sesión de este martes, una de las defensas renunció a la declaración de Carlos Benedito Bonet y, además, el abogado Gonzalo Boye, que ejerce la acusación popular en nombre del Observatori Desc, tuvo que seguir la sesión por vía telemática por haber sido contacto de un positivo por Covid-19.