Calviño explicó a la Ser en declaraciones recogidas por Servimedia que el Gobierno hizo una selección de los sectores más afectados para “tratar de utilizar de la mejor forma el dinero público”, ya que las medidas desplegadas para ayudar a empresas, trabajadores y familias obligarán a emitir ya “un volumen muy importante de deuda”, de aproximadamente 150.000 millones en el bienio 2020-21.

“Esto es mucho dinero que vamos a tener que pagar los contribuyentes españoles y nuestros hijos y nuestros nietos. Y hay que ser muy responsable cuando uno gestiona el dinero público. Y por eso hemos tratado de asegurarnos de que el dinero llega a las empresas viables en los sectores más afectados, estableciendo unos criterios objetivos”, relató.

En concreto indicó que los casi 100 sectores de potenciales beneficiarios corresponden con actividades donde más 10% de los trabajadores estén todavía en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y no se haya recuperado el 75% de los que estuvieron bajo estos mecanismos laborales en el peor momento de la crisis, en la primavera pasada.

Tras definir estos parámetros para el conjunto del país, indicó que el Gobierno ha estado siempre abierto a “responder a las especificidades” y la prueba es que en el proyecto de convenio que esta semana ha enviado Hacienda a las Comunidades Autónomas “les va a dar la oportunidad de establecer otros sectores que se hayan visto particularmente afectados en su ámbito y también responder a especificidades de las empresas de esa comunidad”.

A título de ejemplo, indicó que se podrían incluir empresas que hayan tenido pérdidas en el año 2019 por culpa de la quiebra de Thomas Cook, situación que afectó de manera particular a Baleares y a Canarias, y avanzó que también prevé adoptar una modificación del Real Decreto Ley “para que el marco legal de ese margen de flexibilidad adicional a las comunidades autónomas”.

“Pero yo sí creo que para el conjunto de los ciudadanos tiene que ser una tranquilidad el que hayamos hecho un esfuerzo de que se concentren sobre todos los recursos en aquellos sectores y aquellas empresas que de verdad lo necesitan”, insistió.

En cuanto a las quejas sobre la tardanza en las ayudas, Calviño indicó que se ha imprimido máxima velocidad con las medidas recordando, por ejemplo, que con los avales del ICO se tuvo que poner en marcha nuevos sistemas informáticos y se ha logrado movilizar más de 120.000 millones de euros y millones de operaciones “en cuestión de semanas”.

También relató que hubo que poner en funcionamiento “en cuestión de semanas” el mecanismo de los ERTE y que, aunque “en un primer momento tuvo sus dificultades”, se gestionó gracias a que los funcionarios públicos “han trabajado desde su casa los fines de semana con su mejor voluntad para tratar de poner en pie esto”, al igual que ocurrió con el ingreso mínimo vital.

Calviño reivindicó que, precisamente, gracias a todas estas herramientas y el resto de medidas las ayudas han llegado a la economía real y se ha logrado “proteger el tejido productivo, proteger el empleo y proteger las rentas” para que el consumo y la actividad se reactiven con fuerza cuando la pandemia vaya superándose.