Según informó el PP, la petición se ha producido en el Grupo de Trabajo parlamentario responsable de evaluar las posibles amenazas contra la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales en los 27 países de la UE.

La decisión sobre la celebración de un debate formal sobre la denuncia presentada por las asociaciones de jueces, que representan a más de 2.500 magistrados españoles, se tomará previsiblemente en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, prevista para el 29 de abril.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) remitieron un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, denunciando lo que consideran un "riesgo de violación grave" del Estado de Derecho en España por las últimas reformas legislativas que, a su juicio, afectan a la independencia judicial.

Según señaló el PP, tras evaluar este asunto, el Grupo de Trabajo podría dar un paso más y proponer a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo que tome diferentes medidas, entre ellas redactar una resolución del Parlamento Europeo sobre este tema, mantener reuniones con las asociaciones de jueces que han presentado la denuncia, o enviar una misión de investigación a España.

El eurodiputado popular Javier Zarzalejos, miembro de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia, consideró que “lamentablemente hay indicios suficientes de que las reformas planteadas por el Gobierno en el ámbito judicial suponen una violación de los principios del Estado de Derecho, que es uno de los pilares fundamentales de la UE, por lo que procede realizar una evaluación al respecto desde la perspectiva europea”.

“Cuando la mitad de los jueces españoles promueven esta denuncia ante la UE es que algo grave está ocurriendo”, sostuvo Zarzalejos a este respecto, y avisó de que “la arrogancia del Gobierno desafiando los principios de la Unión sobre el Estado de Derecho es insostenible y produce un grave daño político y de reputación a España”.