Así lo expresó en un comunicado en el que recordó que es una norma que esta fundación “viene proponiendo” desde 2008 como instrumento para dar respuesta a las “graves situaciones que sufren muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro país”, tal y como se desprende de los diferentes estudios impulsados desde la organización, que, a su juicio, dibujan un “dramático panorama oculto y silenciado”.

La integrante del Patronato de Fundación ANAR Leticia Mata valoró que el texto haya incorporado la “mayoría” de sus aportaciones al anteproyecto de ley y de las propuestas de enmienda dirigidas a los diferentes grupos parlamentarios a través de la Plataforma de Infancia y advirtió de que la organización seguirá “de cerca” el desarrollo de la norma para conseguir que se convierta en una ley “eficaz, práctica y que solucione los problemas reales”.

Por su parte, el director de programas de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, celebró la aprobación del proyecto en el Congreso, sabedor de que “no hay precedentes en el mundo” y de que “dará respuesta a una necesidad” de la que ANAR “lleva años alertando” como es el crecimiento de la violencia hacia la infancia y adolescencia y la falta de recursos legales para una mayor protección y agregó que se trata de un “avance histórico” del que se mostró “muy satisfecho”.

En 2020, la fundación atendió 1.093 casos de abuso sexual, que crecieron con el confinamiento, periodo durante el cual los niños y niñas se encontraron, a su entender, "muchas veces encerrados con su propio maltratador” en casa.

En concreto, durante los meses de confinamiento por la pandemia atendió un total de 3.803 peticiones de ayuda, de las cuales la mitad estaban relacionadas con la violencia.

En la última década los casos de abuso sexual a menores se han multiplicado por cuatro y han crecido un 300,4% y las agresiones en grupo se han multiplicado por cinco, pasando de un 2,1% a un 10,5%, según datos de la organización.