Posteriormente y, a través de una circular interna, el banco ha trasladado a su plantilla que ahora se abre un proceso de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y lo aborda “con actitud dialogante” para buscar, “conjuntamente, fórmulas que permitan minimizar el impacto en el empleo” y con el compromiso de guiarse “por criterios de objetividad y con la voluntad de llegar al mejor acuerdo posible para todos”.

Sin embargo, la propuesta ha sido recogida con el rechazo de los sindicatos. En CGT reprocharon que esta reestructuración que la cúpula del banco defendió como “necesaria” para el futuro de la entidad en la pasada Junta “choca frontalmente con los parabienes de una magnífica gestión”, y reprobó el ajuste con un “no sobran” puestos de trabajo.

En CCOO advirtió de que “este planteamiento” del banco “nos lleva al camino de la movilización”, ya que se trata de unas cifras y una propuesta de salida “insostenible y escandalosa, que se aleja de todo aquello que el banco ha querido hacer creer a la plantilla”. CCOO recriminó que los trabajadores y sus familias “se van a quedar sin fuente de ingresos mientras la alta dirección mantiene e incrementa unos sueldos millonarios”.

El planteamiento del banco es que unas 360 personas salgan del centro corporativo y las 3.428 restantes de la filial BBVA en España: 3.025 de las sucursales, es decir, el 21% de los trabajadores que atienen la red; 258 de servicios centrales y 155 de estructuras intermedias.

Por áreas geográficas, una de las regiones que mayores ajustes puede sufrir es Cataluña, donde plantea que echará la persianilla en 204 de las 530 oficinas que proyecta clausurar. El ajuste está muy distribuido, pero las bajas más numerosas las plantea igualmente en varias provincias catalanas como Barcelona, con la salida de 836 trabajadores; Tarragona (185 empleados), Girona (92) y Lleida (84), junto a Madrid (357), Valencia (115), Sevilla (103) o Alicante (107).

La segunda región por cierres de red que plantea sería el territorio Centro, que comprende Madrid y Castilla La Mancha, y donde proyecta 101 cierres; seguido por otras 76 en la dirección Sur (Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla); 14 en Canarias; y 35 en la territorial Este (Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia). En la territorial Norte prevé cerrar otras 59 oficinas (corresponderían a la red de Galicia, Asturias, Castilla y León) y 41 en la Norte (Euskadi, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón).