Así lo defendió el presidente de este centro de pensamiento, Manuel Pérez-Sala, en entrevista con Servimedia, donde lamentó que “se está haciendo una aproximación al problema de la vivienda absolutamente populista” porque “se están proponiendo soluciones fáciles a problemas difíciles y, normalmente, eso produce el efecto contrario al que uno percibe”.

“Si en un supermercado limitamos los precios de los productos ¿qué conseguimos?: estanterías medio vacías, productos de peor calidad y la necesidad de ir a comprar algunos productos al mercado negro. Eso es lo mismo que va a pasar en el sector de la vivienda”, vaticinó.

Llevado al mercado de inmobiliario, alertó de que topar el alquiler puede provocar “tener menos oferta, porque si a un propietario le limitan las condiciones en la que libremente puede pactar los precios, pues se retraerá”; aquellos que arrienden sus viviendas “tendrán menos incentivo para mantener las viviendas en perfectas condiciones” y “retrasarán la renovación y la reparación de los inmuebles” y “habrá propietarios que decidan alquilar en las condiciones que quieran, pero fuera del mercado o en condiciones de economía sumergida”.

Soluciones con incentivos como la barajada por el Ministerio que permitiría a los propietarios de vivienda obtener bonificaciones fiscales de hasta el 90% si abaratan los alquileres, confiesa que no las ven mal, "pero tienen que ser muy transitorias y muy a corto plazo” porque un problema de oferta hay que solucionarlo desde su origen y, en este caso, es el insuficiente parque de vivienda en renta el que encarece sus precios.

Al respecto, Pérez-Sala recordó que la oferta de vivienda “depende, fundamentalmente, de las instituciones públicas, de cómo se organiza y estructura el suelo, de cómo se fomenta la construcción” y “de cómo se permite a la iniciativa privada llevar a cabo sus actividades en condiciones óptimas”, afeando que, “muchas veces, los ayuntamientos han ido moviendo la línea de terreno calificado para construir en función de cómo iba evolucionando la recaudación fiscal del IBI”, cuando debería asumir su responsabilidad en este problema.

“Tenemos que asumir un compromiso de vivienda para conseguir que los ciudadanos españoles tengan una vivienda digna y el primero que tiene que actuar es el Estado, pero favoreciendo la construcción de viviendas a precios razonables, que es la que permitirá ofrecer alquiler a precio razonable y no limitando el precio de alquiler porque provocará el efecto contrario”, resumió.

En cuanto a dar techo a los colectivos de personas más vulnerables, apuntó que “la sociedad tiene la obligación de cuidar de los más desfavorecidos”, pero debe ser de “una forma respetuosa con nuestras leyes, con la propiedad privada, con los derechos de cada ciudadano para vivir en libertad y hacer con su vida y con su patrimonio lo que quiera”. “La expropiación no nos parece razonable porque atenta contra la libertad de los individuos para tener su propiedad y organizar su vida”, avisó, instando a “buscar soluciones por las cuales el Estado alquile viviendas en el sector privado y la ofrezca a las personas necesitadas, o lleve a cabo determinadas iniciativas de promoción pública” para atender a estas urgencias sociales.