Así lo establece el Tribunal Constitucional Federal de Alemania en una sentencia hecha pública este jueves, que acepta parcialmente la demanda de nueve jóvenes demandantes que, con el apoyo de seis organizaciones -Greenpeace, Amigos de la Tierra Alemania (BUND), Asociación de Apoyo a la Energía Solar (SFV), Ayuda Medioambiental Alemana (DUH), Germanwatch y Protect the Planet-, consideraban que la ley climática incluye objetivos y medidas insuficientes para proteger los derechos fundamentales ante las consecuencias de la crisis climática, e incumple las obligaciones internacionales de asumidas por el Estado alemán, como el Acuerdo de París.

El Tribunal Constitucional apunta que "el legislador deberá promulgar disposiciones antes del 31 de diciembre de 2022 que especifiquen con mayor detalle cómo se ajustarán las metas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para los periodos posteriores a 2030", ya que las medidas incluidas en la ley a partir de 2031 "no son suficientes para garantizar que la transición necesaria a la neutralidad climática se logre con el tiempo".

El alto tribunal germano sentencia que la norma aplaza "irreversiblemente" esos objetivos posteriores a 2030, cuando a partir de entonces las reducciones de emisiones "tendrán que alcanzarse con una velocidad y urgencia cada vez mayores".

La ley climática alemana pretende contribuir al objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a entre 1,5 y 2ºC por encima de los niveles preindustriales, pero el Tribunal Constitucional indica que ello supondría que las reducciones de emisiones después de 2030 “tendrán que alcanzarse con una velocidad y urgencia cada vez mayores”.

Ello, según añade, impactará en “prácticamente todas las libertades” de las generaciones futuras y que los derechos fundamentales podrían estar “potencialmente amenazados” con “restricciones drásticas” a partir de la próxima década.

DERECHO HUMANO

La abogada Roda Verheyen, representante de los demandantes, apuntó que, “hoy, el Tribunal Constitucional Federal ha establecido un nuevo estándar global para la protección del clima como un derecho humano”.

"Ha reconocido la crisis climática e interpretado los derechos fundamentales de una manera que incluye tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Los legisladores ahora tienen el mandato de definir un camino de reducción coherente para lograr la neutralidad de los gases de efecto invernadero. Esperar y retrasar las reducciones radicales de emisiones hasta más tarde es inconstitucional. La acción climática hoy debe garantizar que todavía hay esperanza para las generaciones futuras”, señaló.

Sophie Backsen, una de las jóvenes denunciantes, ya está experimentando las consecuencias de la crisis climática en su isla natal de Pellworm. "La decisión de la Justicia alemana es una gran victoria para nosotros, los jóvenes que ya estamos afectados por la crisis climática. Estoy muy feliz. Ha quedado claro que partes esenciales de la Ley Federal de Protección del Clima no son compatibles con nuestros derechos fundamentales. La protección climática efectiva debe comenzar y aplicarse ahora, no dentro de 10 años. Esta es la única manera de asegurar mi futuro en mi isla natal. La decisión me da fuerzas para seguir luchando", apuntó.

Cada vez más personas, en particular las más afectadas por el cambio climático, acuden a los tribunales para proteger sus derechos de la crisis climática. El pasado mes de febrero, el Tribunal Administrativo de París culpabilizó al Estado francés de inacción climática y consideró ilegal que incumpla sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que lo consideró responsable de "daños ecológicos".

Esta sentencia fue iniciada hace dos años por las ONG Notre Affaire à Tous, Greenpeace Francia, Fundación Nicolas Hulot y Oxfam Francia, agrupadas en la campaña 'El caso del siglo' y que lograron reunir el apoyo de 2,3 millones de ciudadanos.

En España, las organizaciones Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón iniciaron el pasado mes de septiembre un litigio contra el Gobierno español por inacción ante el cambio climático. El caso se encuentra ahora en manos del Tribunal Supremo.

“La sentencia alemana envía un nuevo mensaje al Gobierno de España y al resto de Gobiernos europeos: la inacción ante el cambio climático es ilegal. La justicia se ha situado del lado de quienes llevan décadas luchando contra el cambio climático y en favor de los derechos humanos”, recalcó Lorena Ruiz-Huerta, abogada de las tres organizaciones.

Ruiz-Huerta subrayó al respecto: "Mientras el Gobierno de España siga sin reducir las emisiones de CO2 de acuerdo con las recomendaciones científicas, para limitar el aumento de la temperatura global en 1,5ºC como máximo, seguiremos acudiendo a los tribunales. No estamos hablando de fríos números, sino de las consecuencias devastadoras que el aumento global de la temperatura puede tener para la vida y la salud de las generaciones presentes y futuras".