Así lo reclamó la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicente, en una entrevista concedida a Servimedia en la que defendió que, “posiblemente, el mayor elemento de exclusión social es la vivienda, el acceso a la vivienda y el mantenimiento en la vivienda”.

“Por tanto, claro que tenemos que tomar medidas y que hay que contemplar esa función social y no especulativa de la vivienda”. “Tendremos que hablar de alquileres sociales, de construcción de vivienda pública, de soluciones habitacionales para mucha gente que tiene serios problemas en cómo acceder y cómo mantener una vivienda”, sentenció, convencida de que se trata de “un problema muy grave en este país”.

En este sentido, subrayó que dos “elementos fundamentales” para la “normalización en las familias” y para que la sociedad “avance en igualdad” son el empleo y la vivienda, “fundamentalmente”, y advirtió de que la pandemia ha “acelerado fenómenos de desigualdad y de exclusión vergonzantes” que existían previamente.

Vicente se refirió a la visita, en febrero de 2020, del relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, quien, explicó, “ya nos hablaba y hacía un diagnóstico de cuáles eran los grandes desafíos de este país". “Como vemos, los tenemos hoy aquí, pero venían ya de antes”, apostilló, para, a continuación, poner como ejemplo una “crisis de proporciones inquietantes que seguimos teniendo” en materia de vivienda así como una “profunda pobreza generalizada, con un componente de feminización”, el “adelgazamiento” de las clases medias agudizado tras la actual crisis y un escenario “de mayor pobreza y mayor desigualdad”.

CAÑADA REAL

En este punto, lamentó la situación vivida en la Cañada Real tras el paso de la borrasca Filomena, que, a su entender, evidenció un “escenario vergonzante”, que afectó en “circunstancias concretas” a muchas personas que tienen una “vida normalizada, aunque con una precariedad importante”, entre las que había “miles de niños”.

“Niños que no tienen derecho a tener unas condiciones básicas y mínimas de garantía de higiene, de calefacción, hasta de luz para poder estudiar”. “En el siglo XXI, parece difícil entender que las administraciones públicas no sean capaces de ponerse de acuerdo para atender situaciones de esta naturaleza”, espetó.

Vicente dijo entender que, cuando una administración tiene atribuidas unas competencias “es porque tiene la capacidad de resolverlas y, si uno no las tiene por sí solo, tiene que buscar los apoyos, las alianzas y las vías suficientes con quien corresponda”.

“Con otras administraciones públicas, con la iniciativa privada, con quien sea, pero tiene que articular las medidas para que realmente estas situaciones se atajen”, agregó, convencida de que lo ocurrido en la Cañada Real “ha sido una gran vergüenza para nuestro país y para esta comunidad autónoma", a pesar de que, según su criterio, todos los actores implicados “tienen voluntad de atajar el problema”.