“Necesitamos el empuje, la fuerza y la experiencia de todas las entidades", dijo durante la reunión del Foro Social Contra la Trata, donde participó junto a la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, para explicar los principales puntos del Plan de Acción Urgente contra la trata y la explotación sexual y la especial protección de sus víctimas.

La ministra explicó que el plan incluirá un programa de inserción sociolaboral, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Ley Integral Contra la Trata, medidas que se suma a otras como el modelo de acreditación para víctimas de trata, explotación y mujeres en contextos de prostitución; la posibilidad de acceder al Ingreso Mínimo Vital para las mujeres víctimas aún en situación administrativa irregular; los trabajos de la Ley de Libertad Sexual, un avance enorme en la lucha contra la industria proxeneta y la protección de sus víctimas; o la petición de cierre de los prostíbulos puesta en marcha durante el Estado de Alarma.
Montero recordó que el Plan de Acción Urgente debe ser trabajado y evaluado con las CCAA, así como con el resto de actores sociales e institucionales. “Nuestro objetivo es elaborar una norma que contemple todos los tipos de trata de personas; no obstante, nosotras nos centramos en aquellas formas de trata que atraviesan particularmente a las mujeres, es decir, la trata con fines de explotación sexual. Nos referimos a una de las formas más graves de violencia sexual contra las mujeres”, dijo.

Para eso, añadió: “Necesitamos el empuje, la fuerza y la experiencia de todas las entidades del tercer sector”. Por esa razón, agregó, Igualdad ha puesto en marcha una consulta pública previa el pasado mes de abril, cuyo plazo se verá ampliado para que todas las entidades puedan hacer sus aportaciones y propuestas.

MÚLTIPLES PERSPECTIVAS
Victoria Rosell, ha enfatizado que el abordaje de esta Ley “debe darse desde sus múltiples perspectivas” y exige “un esfuerzo extraordinario de coordinación y participación institucional”, desde el tercer sector hasta las entidades especializadas, que comienza con la consulta pública abierta y con grupos de trabajo institucionales.
Montero destacó que la futura Ley Integral contará “con un claro enfoque feminista, interseccional y de derechos humanos”, y debe dar respuesta al hecho de que la mayoría de las mujeres víctimas de trata proceden de otros países de la UE o bien de terceros estados. “Debemos hacernos cargo de que estas mujeres, una vez que se encuentran en nuestro país, afrontan innumerables obstáculos para acceder a los servicios y recursos públicos; y eso cuando logran acceder”, ha afirmado. “No podemos continuar consintiendo que en nuestro país, si eres una mujer migrante, eres una víctima de segunda. Es hora de que el Estado asuma sus compromisos con los derechos humanos, cumpla con el principio de diligencia debida y proteja a todas las mujeres víctimas de trata y explotación sexual, independientemente de su situación administrativa”, añadió.