A partir de esa fecha entrará en vigor un decreto ley aprobado por el Ejecutivo que indica que serán los jueces quienes decidirán sobre las medidas sanitarias que quieran implementar ciertas medidas restrictivas que afecten a los derechos y las libertades.

Asimismo, este decreto prorroga la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.