Al encuentro han asistido directivos de los operadores y asociaciones que firmaron el Acuerdo por la Conectividad en marzo de 2020, por el que se comprometían a hacer los mayores esfuerzos para garantizar las capacidades de operación y supervisión de las redes y la agilidad de respuesta ante incidentes, según informó el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Lanzado en marzo del pasado año se adhirieron al mismo Cellnex Telecom, Euskaltel, MasMovil, Orange, Telefónica, Vodafone y la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (Aotec) en una primera fase, con el compromiso de adhesión posterior de Digi Mobil, PTV Telecom, Lyntia, la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones Locales de Andalucía (ACUTEL), Adamo Telecomunicaciones y la Unión de Operadores de Red de Radiodifusión y Telecomunicaciones (Unired).

El impulso de la tecnología 5G es una de las prioridades incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado a la Comisión Europea, con un objetivo final de mejorar economía y sociedad a través de la digitalización. El Ejecutivo espera que los 3.998 millones previstos de los fondos europeos para conectividad, 5G y ciberseguridad hasta el 2023 movilicen una inversión pública y privada total de 16.000 millones y generen un impacto en el PIB de 25.000 millones, además de generar 61.037 puestos de trabajo.

Entre las medidas incluidas y expuestas durante la reunión figuran ayudas para incentivar el despliegue del 5G, mejorar las subastas de banda de 700 MHz para impulsar las inversiones, optimizar las ya asignadas o medidas fiscales.

El propio texto del Plan deslizaba que “en los dos próximos años, se reducirá la presión fiscal sobre las operadoras para que los recursos se destinen a nuevas inversiones incentivando y acelerando el despliegue de redes 5G”, aunque precisando que será “temporal”. Su anuncio se produce ante, precisamente, la reclamación reiterada de las telecos de un alivio fiscal para acometer las inversiones.

En el encuentro liderado por Calviño se ha detallado que, entre ellas, se prevé revisar la aportación que realizan los operadores de telecomunicaciones a la Corporación RTVE por aplicación de la ley de financiación del organismo del 2009 y que se trabaja para reducir temporalmente la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico en las frecuencias armonizadas por la Unión Europea para ser utilizadas en los servicios 5G.

Además, la hoja de ruta compartida con el sector incluye la optimización de las bandas de frecuencias de espectro asignadas a través de la reordenación de la banda de 3,5 GHz (3.400-3.800 MHz), modificar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) y elevar el atractivo de las futuras subastas de frecuencia de la banda de 700 Mhz ampliando de 20 a 40 años el plazo de concesión. El Gobierno ha compartido además que “está terminando de evaluar la cuantía exacta de los precios de salida de la subasta”.

La Hoja de ruta suprime además las obligaciones mayoristas que se habían considerado inicialmente en determinados bloques de frecuencias y precisa el contenido de la obligación y ajusta los plazos para su cumplimiento de las obligaciones de cobertura impuestas a cada uno de los bloques.

Para favorecer el despliegue más ágil de las infraestructuras el plan incluye otras medidas como un procedimiento ‘fast-track’ para los permisos necesarios con el objetivo de desplegar redes de telecomunicaciones mediante la ocupación del dominio público (carreteras, ferrocarriles, confederaciones hidrográficas).

Se implementará la caja de herramientas de conectividad publicada por la Comisión Europea en marzo de 2021 y, en ámbito comunitario, prevén abordarse directrices que faciliten la compartición de infraestructuras y espectro, además de impulsar una Guía de Buenas Prácticas de despliegue para Administración local.