Así lo ha estimado el propio Gobierno en la valoración de impacto económico que acompaña a la normativa aprobada hace escasas semanas para, precisamente, actualizar unos baremos que estaban vigentes desde hace 20 años sin adaptarse a la realidad vital de los ciudadanos y que desvela el Consejo de Estado en un informe recogido por Servimedia.

Estos baremos o tablas son fórmulas que sirven al seguro de orientación para fijar sus precios a los productos y acumular provisiones frente a los riesgos que asumen con su contratación teniendo en cuenta las probabilidades de mortandad para un colectivo de personas en función de parámetros como la edad o sexo.

El documento del Consejo de Estado deja en evidencia que su desfase con el aumento de la esperanza de vida convertía casi en inservibles los baremos existentes para dichos seguros de vida-riesgo y que son aquellos que cubren a sus beneficiarios frente a la contingencia del fallecimiento de quien lo contrata como pueden ser los hijos, el cónyuge o la misma póliza contratada al suscribir la hipoteca para sufragar la deuda al banco.

El informe expone que, con sus supuestos, se casi duplican las necesidades de primas frente a los riesgos verdaderamente asumidos, corroborando la necesidad de actualizarlos porque el mantenimiento de su configuración “implica un elevado riesgo reputacional por trato desleal con el cliente (tanto para el sector como para el supervisor) y una falta de transparencia y rigor técnico en las prácticas generalizadas del sector para la formación de los precios de los citados seguros”.

“Además, el pago de unas elevadas primas sin justificación técnica drena la capacidad de ahorro de las familias”, agrega el informe, precisando que en los seguros de rentas ocurre, justamente, lo contrario.

“Se ha apreciado que la estimación de la longevidad en ellas contenida resulta insuficiente, generando una infradotación de las provisiones técnicas”, repara en alusión a las coberturas de rentas y aboga por contrarrestar esa insuficiencia para que las políticas de distribución de dividendos de las compañías “se basen en resultados reales y que las cuentas anuales ofrezcan información apropiada sobre las hipótesis biométricas aplicadas”.

En síntesis significa que el sistema que orienta al sector en la aplicación de sus primas para los seguros de vida riesgo es excesivo para la actual mortalidad, pero aquellos otros de productos de rentas, como puede ser para una prestación de jubilación, son deficitarios.

La razón descansa en que la fórmula que se ha venido aplicando hasta la reciente aprobación de la norma está obsoleta en los supuestos, por ejemplo, de esperanza de vida. Antes de la pandemia del Covid se situaba en los 84 años, frente los 79 del año 2000.

La normativa aprobada recientemente por el Gobierno va a corregir estos desfases, estableciendo además mecanismos para evitar que vuelva a ocurrir y garanticen su actualización recurrente.

Antes de aprobarse la ley y con su elaboración muy avanzada ya se avanzó desde la propia Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones que, con el nuevo sistema, podrían abaratarse “en un mínimo entre el 20 y 30%” las primas o precios de los productos de vida riesgo como son, por ejemplo, los contratados al firmar la hipoteca.

Conforme al cálculo global realizado en la elaboración de la nueva regulación, el sector tendrá que dotar 1.726 millones de euros para cubrir el déficit conjunto que da su aplicación en todos los seguros y dispondrá de cinco años para acomodar su solvencia y provisiones a una esperanza de vida superior a la existente hace más de dos décadas.