La patronal señaló en un comunicado que su sector hace una importante aportación al desarrollo de la movilidad sostenible y una sustancial contribución a las arcas públicas de más de 1.550 millones de euros anuales, e “incrementar la elevada carga fiscal del sector aplicando nuevas figuras impositivas a los operadores desincentivaría el uso del transporte colectivo y otorgaría un tratamiento más favorable al vehículo privado, una clara contradicción con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad de la Unión Europea y del propio ejecutivo español”.

El presidente de la confederación, Rafael Barbadillo, pide al Gobierno de España que “no desincentive el uso del transporte colectivo a través del aumento de la presión fiscal a los operadores de transporte en autobús, ni otorgue un tratamiento más favorable al vehículo particular frente al transporte colectivo”. Además, considera que esta media también haría a España perder competitividad como país turístico.