Esta es, de hecho, una de las cuatro recomendaciones remitidas por el Defensor al citado Ministerio, a fin de mejorar la protección que se presta a estos niños en España.

Tras años con el foco puesto sobre todo en Ceuta y Melilla, el Defensor muestra ahora especial preocupación por la situación en Canarias, a cuyas costas llegaron más de 3.000 menores solos desde verano de 2020.

El pasado mes de marzo, solo en Canarias había 2.577 menores extranjeros acogidos (2.110 en dispositivos de emergencia y 467 en acogimiento residencial).

Junto a la solidaridad de todas las regiones, el Defensor reclamó la elaboración del Plan Estratégico plurianual para la integración de estos menores previsto en la Ley de Extranjería, que contemple una mejora del registro nacional; instó a las administraciones a planificar su integración sociolaboral una vez que alcancen la mayoría de edad, y abogó por la firma de convenios con ONG e instituciones privadas para que estas asuman la tutela de los menores más vulnerables.

Esta última vía, que ya ha sido iniciada por la entidad de protección de menores canaria, resulta “una iniciativa muy necesaria y la más eficaz para la protección del interés superior de aquellos menores con necesidades de protección internacional o víctimas de trata, que demandan una atención más especializada”, explicó.

A 31 de diciembre de 2020, había más de 500 menores malienses en el sistema de protección canario, pero ninguno había solicitado asilo, algo que Marugán calificó de “llamativo”, dada la situación del país.

Según datos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, 4.625 menores tutelados cumplirán los 18 años a lo largo de 2021, y “se verán en la calle indocumentados y sin ninguna posibilidad de integración”, indicó el Defensor.

Asimismo, recordó que en 2020, en Canarias, tan solo se concedieron 134 autorizaciones de residencia a menores extranjeros tutelados. Por eso, consideró “imprescindible” que la Administración General del Estado planifique, en coordinación con las entidades autonómicas de protección de menores, la transición a la vida adulta de estos niños y niñas.