La norma prevé que no se vendan coches con emisiones en 2040, blinda las zonas de bajas emisiones de las ciudades de más de 50.000 habitantes (unos 150 municipios) y fija por primera vez objetivos vinculantes de reducción de emisiones, eficiencia energética y penetración de energías renovables.

Al inicio de su tramitación parlamentaria, el texto inicial del Gobierno recibió una enmienda a la totalidad en el Congreso, presentada por Vox y tumbada el pasado mes de julio tras sumar el único apoyo de Foro, y 757 enmiendas parciales registradas por todos los grupos parlamentarios. El proyecto fue aprobado inicialmente por la Cámara Baja con el rechazo de Vox, la abstención del PP y Más País-Equo, y el respaldo del resto de los partidos.

En su paso urgente por el Senado, los grupos registraron 577 enmiendas y una propuesta de veto; ésta, presentada por Vox, fue también rechazada. En la Cámara Alta se aceptaron finalmente cinco enmiendas, una de las cuales desactiva la amenaza del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de llevar la norma al Tribunal Constitucional en el caso de que la norma a las concesiones por actividades costeras (fijadas en un máximo de 75 años, con prórrogas incluidas), algo que, por ejemplo, preocupa a la industria conservera gallega. Solamente Vox votó en contra del proyecto en esta Cámara.

MÁS AMBICIÓN

La ley pretende que la economía española entierre los combustibles fósiles a largo plazo, puesto que prevé que España alcance la neutralidad de emisiones “antes de 2050”, es decir, que para entonces las emisiones que se expulsen a la atmósfera sean compensadas con las que ecosistemas como bosques u océanos pueden absorber.

El Congreso elevó los objetivos climáticos nacionales a medio y largo plazo respecto del proyecto presentado por el Gobierno, fijados ahora en que para 2030 se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% con respecto a 1990, las renovables aporten al menos un 42% del consumo de energía final, el 74% de la electricidad se genere con renovables y la eficiencia energética mejore en al menos un 39,5%. Y para 2050, toda la electricidad proceda de fuentes renovables.

La primera revisión de esos objetivos se iniciará en 2023, gracias a una transaccional a sendas enmiendas de Más País-Equo y el ERC, que fue apoyada por la mayoría de los grupos. “Eso cierra el debate de la ambición”, apuntó Uralde, que destacó que la reducción del 23% en las emisiones contaminantes supone un “esfuerzo similar” al del resto de países europeos teniendo en cuenta que España parte de una situación peor al aumentar sus emisiones en años pasados por “mirar hacia otro lado”.

MOVILIDAD Y CALIDAD DEL AIRE

En materia de movilidad, el texto mantiene 2040 como fecha tope a partir de la cual sólo podrán venderse coches y vehículos comerciales ligeros nuevos -salvo los matriculados como vehículos históricos- libres de CO2 (concretamente, con cero gramos de CO2 por kilómetro recorrido), de manera que antes de ese año irá reduciéndose la venta de vehículos contaminantes. Además, todas las administraciones públicas deberán adoptar medidas para que en 2050 haya un parque de automóviles y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.

La ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a establecer zonas de bajas emisiones como muy tarde en 2023, esto es, áreas con restricción de la circulación de vehículos contaminantes y de impulso del transporte público y los desplazamientos a pie, en bicicleta o por medios de transporte eléctrico.

Una novedad surgida del Congreso es que esas localidades de más de 50.000 residentes establezcan criterios para mejora la calidad del aire “alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad”.

En el último momento se aprobó una enmienda transaccional del PNV en el Congreso que rechaza que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emita un informe si algún ayuntamiento decide revertir su zona de bajas emisiones (como intentó el actual equipo dirigido por José Luis Martínez-Almeida con Madrid Central), sino que ese documento lo emita solamente el “órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente”.

La norma obliga a las gasolineras con mayor capacidad económica (un 9% del total) a instalar al menos un punto de recarga rápida de potencia igual o superior a 150 kW para favorecer la expansión del vehículo eléctrico. Las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos -o las que hagan una reforma que requiera revisión de su título administrativo- deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua con el fin de que la recarga del vehículo sea rápida.

Otra novedad aprobada en el Congreso es que el Gobierno incorporará una nueva señal de tráfico para que los conductores conozcan dónde hay puntos de recarga para vehículos eléctricos en las carreteras.

HIDROCARBUROS Y MINERÍA

Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la futura ley no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, ni se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen ('fracking'). El Congreso introdujo el veto a la minería radiactiva, tras la polémica por un proyecto de mina de uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca).

Otros cambios de la Cámara Baja se refieren a que el Gobierno elaborará un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley, establecerá objetivos anuales de energías renovables y suministro de combustibles alternativos en el transporte, sobre todo biocombustibles avanzados y otros combustibles renovables no biológicos.

Además, las Administraciones públicas considerarán el cambio climático en la salud pública, el Estado podrá contratar servicios de comida en el que primen los alimentos frescos y de temporada, y que el despliegue de las energías renovables se haga “de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial”.

También se insertan en el texto otros aspectos, como que el Gobierno promoverá el transporte ferroviario de viajeros -así como el de mercancías por tren en distancias superiores a 300 kilómetros-, se creará un grupo de expertos sobre fiscalidad verde, que la madera utilizada en obras públicas proceda de bosques sostenibles y que el Gobierno reformará el sector eléctrico antes de 12 meses tras la entrada en vigor de la ley, con participación de los consumidores e inversiones de energías renovables variables y flexibles

El Gobierno revisará el tratamiento del cambio climático y la sostenibiIidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del Sistema Educativo de manera transversal, promoverá que las universidades procedan a la revisión del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios y realizará campañas de sensibilización y concienciación ciudadana sobre los impactos climáticos.

CAMBIOS EN EL SENADO

Por otro lado, el Senado incluyó pocas modificaciones de consideración y algunas de carácter técnico. Uno de los cambios significativos es, según pudo saber Servimedia de fuentes parlamentarias, es una enmienda presentada por Ciudadanos que aclara que las decisiones judiciales sobre esos permisos no tienen efectos retroactivos con la entrada en vigor de la ley.

En este apartado, cabe destacar que la Audiencia Nacional tiene aún que decidir un recurso del Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación por la Defensa de la Ría contra la prórroga otorgada en 2016 a Ence, que produce celulosa en una fábrica en la ría de Pontevedra.

Otra de las novedades del Senado parte de una enmienda del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu y pactada por todos los grupos con una nueva redacción -aprobada con 254 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones- permite a los ayuntamientos participar en obras públicas de interés general sobre construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación o desmantelamiento en centrales nucleares.

El Senado aceptó tres enmiendas del PSOE, que aluden a que el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales "cooperarán y colaborarán" para cumplir la ley; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará un listado de instalaciones con puntos de recarga eléctrica de vehículos, y cada año se podrá destinar "hasta" un 25% de los ingresos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero para compensar los efectos de los costes "indirectos" por las emisiones de CO2 ligadas al consumo de electricidad para las instalaciones en riesgo de fuga de carbón.