La norma, que ha concluido su tramitación parlamentaria un año y un día después de que el Gobierno la enviara a las Cortes Generales, prevé que no se vendan coches con emisiones en 2040, blinda las zonas de bajas emisiones de las ciudades de más de 50.000 habitantes (unos 150 municipios) y fija por primera vez objetivos vinculantes de reducción de emisiones.

Greenpeace apuntó que “la ley nace mucho más débil de lo que sería necesario para afrontar la crisis climática que enfrenta el mundo”, pues España es uno de los países europeos climáticamente más vulnerables y la norma aporta una “escasa ambición” en el objetivo de reducción de emisiones (23% para 2030 con respecto a 1990).

“Estamos en un momento crucial para que la recuperación del país pueda avanzar con una transición compatible con limitar el calentamiento del planeta al 1,5ºC. La lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tienen que estar en el centro de todas las políticas. Esta ley es un punto de partida mucho menos ambicioso del que necesitamos”, indicó Alicia Cantero, responsable de la Unidad Política de Greenpeace.

OBJETIVOS “DESFASADOS”

Por su parte, Ecologistas en Acción reclamó “una ley a la altura de la emergencia climática” e indicó que la norma incluye objetivos “totalmente desfasados”, incurre en “atractivas falsas soluciones del capitalismo verde” y abre la puerta a los combustibles fósiles al “permitir el uso del gas en todo el transporte”.

No obstante, señaló como aspectos positivos la prohibición de la minería de uranio, de las prospecciones de combustibles fósiles o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero, así como la incorporación de un objetivo 100 % renovable para el sistema eléctrico.

Amigos de la Tierra celebró la aprobación de la ley, pero calificó de "excesivamente flojo" el texto porque menciona "unos objetivos insuficientes para hacer frente a la emergencia climática". "Se trata de una ley que está muy por debajo de las necesidades estatales e internacionales marcadas por la ciencia para evitar las peores consecuencias de la crisis ecosocial”, resumió Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática y Energía de esta organización.

“La reducción de emisiones fijadas en un 23% para 2030 nace obsoleta y es insolidaria. Necesitamos apostar por una reducción de un 55%; si no, corremos el riesgo de alcanzar una temperatura de 3ºC, lo que nos podría llevar a un cambio climático sin retorno. Es indispensable que el Gobierno esté a la altura de las circunstancias, para esto debe recapacitar e incrementar el objetivo, de acuerdo a las recomendaciones científicas y las demandas ciudadanas”, añadió Alonso.

MÁS LUCES QUE SOMBRAS

Por otro lado, otras organizaciones destacaron más las luces que las sombras de la ley. Así, SEO/BirdLife recalcó que la ley marca “un hito clave, y esperado desde hace una década, en el camino hacia la descarbonización completa de la economía de España, uno de los países más expuestos de Europa”.

“Hoy es un gran día, se aprueba definitivamente la ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta ley va a permitir que España no sea el desierto de Europa, una ley que marca el inicio del camino”, declaró Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

Por último, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, celebró la aprobación de la ley al ser "una reivindicación histórica del movimiento ecologista y una herramienta imprescindible para hacer frente al cambio climático, en un momento crítico ya que no hay un segundo que perder y es imprescindible actuar con determinación para evitar los peores impactos del cambio climático, en un país tan vulnerable a ellos por su ubicación en la región mediterránea”.

“La ley plantea muchos elementos muy potentes y novedosos de transformación, entre los que podemos destacar algunos como son las zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes, la finalización de explotaciones de hidrocarburos o de la minera de uranio, el impulso a la renovación de edificios, la protección ante el impacto del cambio climático de la costa, el impulso a las finanzas sostenibles o la obligatoriedad de establecer áreas de exclusión para nuevas instalaciones energéticas, de manera que se garantice que no impacten en la biodiversidad”, indicó.