La norma incluye objetivos que afectarán a la vida cotidiana, pues, según aseguraron fuentes gubernamentales a Servimedia, bares y restaurantes estarán obligados a dar agua de grifo gratis a los clientes que la pidan, se prohibirá la venta de artículos de plástico de un solo uso (como platos, cubiertos y pajitas) a la entrada en vigor de la ley, y los comerciantes cobrarán por vasos y envases de plástico de comida rápida a partir de 2023.

El Consejo de Ministros vio esta norma en una primera vuelta como anteproyecto de ley en junio del año pasado como parte de un marco normativo en el que también figuraban la Estrategia de Economía Circular 'España Circular 2030' y un real decreto sobre trazabilidad y control de los traslados de residuos.

El proyecto de ley, que sustituirá a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2011, incluirá elementos de fiscalidad ambiental largamente demandados por la OCDE o la Comisión Europea, y que actualmente están disgregados entre comunidades autónomas.

Uno de ellos será un impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, algo que la Comisión Europea prevé como nuevo ingreso común en la UE. El tipo impositivo será de 0,45 euros por kilogramo de envase. Según datos de 2017, el Gobierno calcula una recaudación de cerca de 724 millones de euros anuales.

Esa nueva figura tributaria será indirecta y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español.

Otra figura impositiva propuesta por el Gobierno es un impuesto sobre el depósito en vertedero y la incineración. "No es razonable que más del 50% de nuestros residuos sigan yendo hoy a vertedero", apuntó este lunes la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una jornada sobre economía circular, donde indicó que España debe dotarse de un marco común que evite el denominado "turismo de residuos entre regiones".

MÁS MEDIDAS

Por otro lado, el proyecto de ley marca algunos objetivos como reducir en 2030 un 15% de los residuos generados en 2010, con una disminución del 50% en residuos alimentarios en hogares y venta minorista.

Además, las tasas de reciclado de residuos municipales se incrementarán cinco puntos porcentuales cada cinco años desde 2020 hasta alcanzar el 65% en 2035 y se reducirán los recipientes alimentarios de plástico de un solo uso asociados a la comida rápida en un 70% para 2030, lo que requerirá cambios en el comportamiento de los consumidores.

La norma prohibirá la destrucción de excedentes no perecederos, fomentará el consumo de agua potable y abordará la obsolescencia prematura de los productos. Además, exigirá nuevas recogidas separadas de residuos, al generalizarse la de biorresiduos en 2022 para entidades con más de 5.000 habitantes y desde 2024 para las demás.

Antes de 2025 se implantarán recogidas separadas de textiles, enseres voluminosos, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos. Y se revisará el marco jurídico de la responsabilidad ampliadas del productor, con obligaciones en los costes asociados a la gestión de los residuos, que deberán asumir los productores y una mayor transparencia en los mecanismos de control y trazabilidad.