Según informa ‘Confilegal’, que recoge la información publicada por Servimedia sobre el dictamen de un grupo de expertos convocados por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada que alertan sobre esta posibilidad, algunos de estos despachos, como el Bufete Rosales, especializado en demandas colectivas, han sido consultados en esta dirección por sus clientes.

“Hay una preocupación latente evidente”, explica en ‘Confilegal’ José Baltasar Plaza Frías, socio director de Bufete Rosales. “Si el Gobierno finalmente decide mezclar vacunas y hay daños, la probabilidad de que haya reclamaciones y demandas contra la administración por daños es más que evidente. Y de haber daños mayores no me extrañaría que excedieran al ámbito jurisdiccional penal”, añade.

En la misma línea se expresa en esa publicación Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados, que insiste en que "si hay problemas, el riesgo de reclamaciones será alto, por lo que no entiende que el Gobierno

opte por recorrer “este camino tan tortuoso de hacer experimentos, de encargar una investigación” y no apueste por seguir "la pauta completa, con la administración de la misma vacuna, como ha sido aconsejado por las autoridades europeas”.

Por su parte, el letrado José María Fuster-Fabra, socio decano de la firma Fuster-Fabra Abogados, señala que aplicando la lógica jurídica, si se mezclan vacunas y se produce un daño, “el siguiente paso es estudiar en base a qué criterios médicos se ha tomado esa decisión, y en consecuencia, si realmente se hubiese tomado contra los criterios médicos de la Unión Europea, de las autoridades sanitarias españolas, y de los criterios puramente sanitarias, entonces sí podría haber una responsabilidad por parte de la administración en esa decisión”.

EXPERTOS DEL INSTITUTO COORDENADAS

El grupo de expertos convocados por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha advertido que si se administra la segunda dosis con vacuna de Pfizer o Moderna a personas que recibieron la primera de AstraZeneca se puede originar una “serie de conflictos jurídicos de proporciones imprevisibles”, con multitud de demandas y querellas contra el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, los hospitales y cualquier instancia que haya intervenido en el proceso de mezcla de vacunas.

Los expertos que han analizado esta cuestión en concreto, y que habitualmente hacen un seguimiento de la evolución de la actual pandemia, consideran que priorizar las cuestiones logísticas para conseguir la inmunidad de rebaño “por encima de las cuestiones eminentemente científicas y sanitarias” e impulsar la mezcla de vacunas es una operación "de altísimo riesgo, quebrando las pautas del fabricante, que quedaría exonerado de cualquier riesgo, de los organismos nacionales e internacionales que aprobaron el medicamento, en la que de forma imprudente han entrado los máximos responsables sanitarios de nuestro país".
Advierten de que el desconocimiento de los efectos que la mezcla de vacunas puede tener sobre la salud de los ciudadanos afectados es incierto y los riesgos existentes son imprevisibles. “Si se sigue con esa tendencia", explican, “inequívocamente se va a producir una cascada de efectos legales, y eventualmente nocivos e incluso peligrosos para la salud de los ciudadanos a los que se administre una segunda dosis de vacuna diferente de la primera”. Exponen que hasta ahora en la literatura científica no hay prescripciones claras y determinantes que permitan alterar el régimen de administración fijado por el fabricante y lo conocido por la Agencia Española del Medicamento y los procesos centralizados en la UE.
Por ello, concluyen que la perspectiva de miles de ciudadanos interponiendo demandas contra cualquier autoridad sanitaria por incumplir las especificaciones concretas de los fabricantes de vacunas e imponer por razones logísticas o comerciales la mezcla de dosis “es más que real” y puede conducir a un escenario de colapso de la administración judicial y al desprestigio de todo el sistema sanitario.
Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente del Instituto Coordenadas alerta de las “severas repercusiones legales de alterar el régimen de las segundas vacunas, mezclando productos diferentes, lo que generara dos problemas de futuro: la perdida de protección a los usuarios y consumidores, que involuntariamente son inyectados con dos productos diferentes para cumplir un solo ciclo, al perder por incumplimiento la seguridad y la responsabilidad del primer fabricante, y las eventuales responsabilidades de las administraciones públicas, en los supuestos de incidencias en la salud de los ciudadanos, por efectos negativos. Más de un año sufriendo la pandemia ha de dejar lecciones aprendidas: la prudencia no es la más irrelevante”.