Ribera hizo esta consideración al inaugurar las ‘I Jornadas por unas renovables responsables’, organizadas por SEO/BirdLife en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y celebradas de forma telemática.

Indicó que España se encuentra en “un momento histórico” de transformación del sistema energético a lo largo de esta década -“un plazo de tiempo relativamente corto”, apuntó- y que el despliegue de las renovables debe hacerse preservando la biodiversidad.

“Estamos en una situación enormemente delicada porque quizá esa llamada a la emergencia ha generado un apetito, una voluntad de inversión que es percibida como enormemente agresiva por parte de los actores locales”, apuntó.

Ribera añadió al respecto: “Este aluvión nos indica que probablemente haya alrededor de 10 veces más proyectos eventualmente gestionándose o por lo menos impulsándose o anunciándose de lo que se estima que sería razonable para cumplir nuestros objetivos en materia de energías renovables en el año 2030”.

Apuntó que desde el Gobierno son “serios y exigentes” sobre a quién, donde, cómo y con arreglo a qué se conceden las solicitudes de energías renovables con arreglo a criterios de solvencia ambiental y social.

Ribera compartió la “irritación” que puede producir el despliegue de proyectos de energías renovables por “su agresividad en el territorio” y que el “aluvión” de propuestas supone “un desafío de gestión impresionante” que lleva al “colapso del funcionamiento de la Administración” si no se tramita adecuadamente.

Por ello, indicó que el Gobierno plantea imponer una “tasa” o priorizar los “proyectos más maduros” a la hora de “tramitar tanto expediente” por si detrás de ese “apetito” hay un “posicionamiento especulativo” en el sector.

Subrayó que el Ejecutivo ha reforzado el trabajo conjunto entre los responsables de energía e impacto ambiental de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.

“FALSOS ATAJOS”

Por otro lado, Ribera abogó por evitar “falsos atajos” en el sentido de que el Gobierno ha recibido peticiones de que haga “una ordenación del territorio vinculante por parte del Estado”, pero rechazó tal medida porque supondría una “litigiosidad espectacular”.

“El Estado no es competente para aprobar la ordenación del territorio en todo el país. Tendríamos delante conflictos constitucionales y litigios contenciosos durante mucho tiempo”, sentenció. Apuntó que el Gobierno ha elaborado mapas informativos sobre los espacios protegidos en España.

También rechazó una moratoria hasta que no se aclare la ordenación del territorio y se especifique dónde pueden ejecutarse proyectos de energías renovables. “¿Cuántos años cuesta aprobar un plan urbanístico? Cuesta muchos años. Es verdad que necesitamos directrices de ordenación del territorio. Ahora, una moratoria ‘sine die’ hasta que haya una ordenación del territorio nos llevaría probablemente a cerca de una década, precisamente fundamental para la transformación de nuestro sistema energético”, recalcó.

Por otra parte, Ribera comentó que hay “otro extremo” de quienes no quieren ver aerogeneradores en el paisaje. “Hay fotos horrorosas que comparto, de mares y de aerogeneradores donde no se ve otra cosa en el horizonte”, dijo. No obstante, añadió que entre ambos extremos hay “un espacio gris que merece la pena ser explorado”. “Ni cerremos filas con todo vale ni pensemos que se puede decir todo no vale”, sentenció.

Subrayó que resulta más sencillo regular algunos ámbitos, como la eólica ‘off shore’ o el desarrollo de la fotovoltaica flotante, que ocupan el dominio público marítimo o hidráulico. Por el contrario, el despliegue de las renovables en tierra no se ha desarrollado con control, según comentó.